El pedido fue hecho por el fiscal federal Jorge Di Lello ante el juez federal Daniel Rafecas por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública, a raíz de ‘la gestión, tramitación y posterior cobro indebido de reembolsos impositivos del 15 por ciento en cuanto al hormigón utilizado para la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá‘.

Pero también es por reintegros del 25 por ciento sobre los neumáticos utilizados en la obra y que según la acusación ‘no contó con respaldo normativo ni documental‘ para ello. La acusación es contra Guillermo Arturo Henin, quien fuera presidente de la Consultora Dictar SA; contra Robert Jacques Ortega, por su actuación en el marco de las funciones desempeñadas en la adjudicataria de la obra; y contra Ute Eriday y Gianfranco Rizzo en su carácter de responsable de Impregilo S.A, una de las principales firmas integrantes del citado consorcio contratista.

La causa en cuestión se inició en 1988 con la denuncia del exfuncionario del Ente Binacional Yacyretá (EBY) Alberto Aseff e incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que evitó la prescripción del caso, que ahora quedó al borde del juicio oral y público con el pedido fiscal.

Los reembolsos en cuestión fueron tramitados recurriendo al régimen previsto por la ley 20.852, sancionada el 30 de septiembre de 1974, la cual preveía ‘beneficios que se le confieren a la industria nacional que intervenga en licitaciones internacionales para la ejecución de obras‘ y así estar en paridad competitiva.

Henin fue el gestor de los reembolsos y los cuales según se acreditó también le fueron concedidos a empresas privadas por bienes importados utilizando certificados falsos o bien materias primas sin valor agregado como ser el cemento, la arena y piedra.

‘En las operatorias de marras ha existido un verdadero concierto de voluntades, que contaron con la activa participación de los aquí encausados -como engranajes necesarios- y también, de muchas otras personas‘, sostuvo el fiscal en el requerimiento al que accedió NA. La fiscalía evaluó que los reembolsos indebidos generaron un perjuicio de 91.004.275 de pesos al Estado Nacional tanto por el hormigón ’fresco’ y los neumáticos.