Echegaray, un exfuncionario que ha sido denunciado en varias oportunidades por graves hechos de corrupción acaecidos durante la era kirchnerista, está siendo investigado por los grandes beneficios que le dio al supuesto testaferro de la familia Kirchner durante sus años al frente del ente recaudador, que habrían servido para realizar un fuerte desfalco a las arcas públicas.

De acuerdo con el fallo de la Sala II de la Cámara Federal, “el decreto 2.226/2008 del Poder Ejecutivo de la Nación confiere facultades a la UIF para asumir el rol de acusador particular en los procesos penales en los que se persigue alguno de los delitos tipificados por la Ley 25.246 y sus modificatorias (vigente al momento de su dictado) de encubrimiento y lavado de activos”.

En los ámbitos tribunalicios se intenta saber si desde la AFIP se facilitó “el pago de las obligaciones impositivas y previsionales” a Austral Construcciones. También se investigan “los estrechos lazos que habrían acercado a los imputados con un anterior jefe de la DGI, Angel Rubén Toninelli, y su hijo, quienes habrían compartido un viaje con Martín Báez, en la misma fecha en la que éste fue filmado por cámaras de seguridad en una oficina de SGI cuando contaba una millonaria cantidad de dólares”.

El escrito, firmado por los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, sostiene que “como reiteradamente se viene sosteniendo, no deba ceñirse el entendimiento de esta instrucción como la investigación de un delito y, en tales condiciones, se justifica entonces la intervención de la Unidad de Información Financiera en calidad de parte”.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá los procesamientos del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, y de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa,socios en el Grupo Indalo. La medida se dará en el marco de la causa que imputó a Echegaray por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta en contra del Estado, al haber permitido que la firma Oil Combustibles, de los mencionados socios, contrajera una deuda de $8.000 millones con el organismo recaudador.

La decisión de Pollicita llegará luego de que la semana pasada López y De Sousa alegaran ante el juez Julián Ercolinique “jamás” formaron parte de la compañía petrolera; y después de que Echegaray negara “la imputación de haber incurrido en algún delito relacionado con la concesión de planes de financiamiento tributario” pero a la vez admitiera haber dado el “visto bueno” a esos planes.

Para el fiscal, la empresa del Grupo Indalo retuvo indebidamente lo recaudado en concepto del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), que fue cobrado a los clientes pero no habría sido declarado ante el organismo que conducía Echegaray. La Justicia sospecha que esa evasión le permitió al holding ampliar sus acciones en forma millonaria.

Para el fiscal y el juez, además, los miembros del círculo K habrían conformado una asociación ilícita, de corrupción y defraudación contra las arcas públicas, con Cristina Kirchner como jefa.

Cabe recordar que Echegaray ya había sido procesado por el juez Claudio Bonadio por haber vinculado al ahora ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, con cuentas en Suiza, fallo que le valió el retiro de su cargo al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN).

También fue indagado por el juez Sebastián Casanello en el marco de la ruta del dinero K, y declaró en la causa que investiga otra asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina para beneficiar a funcionarios y amigos. Como ha informado Hoy, dentro de la AFIP Echegaray fue un fiel engranaje de la maquinaria K que protegía a aliados y perseguía a opositores. Desde allí, en un caso similar al de Cristóbal López, le otorgó un plan extraordinario de pagos a la ex Ciccone Calcográfica, con la cual se habría querido quedar mucho antes que el exvicepresidente Amado Boudou, tal como reveló nuestro medio. Y, como parte de un plan sistemático, las denuncias también apuntan a los beneficios fiscales que le habría dado a empresarios como Lázaro Báez, al punto de haber hecho la “vista gorda” ante la usina de facturas truchas que funcionó en Bahía Blanca y que hoy es parte de los anales más escandalosos del kirchnerismo. 

Hechos como estos lo erigieron en garante de la impunidad K y precipitaron su salida de la presidencia de la AGN, el organismo desde donde debía controlar el tramo final del gobierno anterior.