El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, tiene abierto un sumario desde mayo pasado a pedido de tres jueces del tribunal contra el secretario de una de sus salas por el descubrimiento de 45 apelaciones de causas abandonadas, algunas de ellas desde hacía cinco años y relacionadas con sonados casos de corrupción, según dijeron ayer fuentes judiciales.

Se trata del secretario de la sala I del máximo tribunal penal del país, Javier Reyna de Allende, actualmente de licencia y en condiciones de jubilarse a partir del año próximo. El expediente administrativo se encuentra en secreto de sumario y es instruido por Slokar. La explicación dada es que los expedientes estaban "traspapelados".

De acuerdo con las fuentes consultadas por Clarín, los 45 recursos que habían llegado apelados a la sala I de la Casación Penal federal ya fueron todos resueltos. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, la causa del Banco General de Negocios (BGN), de los hermanos Rohm, y una seguida contra el llamado "rey de la efedrina", Mario Segovia.

La mayoría de las causas atrasadas, según dijeron las fuentes, se trataba de casos comunes y sólo tres de ellos encuadraban en los parámetros de la auditoría iniciada por el Consejo de la Magistratura en todos los tribunales federales y relacionados específicamente con las causas de corrupción.

Fuentes de Comodoro Py dijeron que no todas las causas de corrupción involucran a funcionarios públicos y que, por lo tanto, hay casos que no entran en los requisitos del formulario solicitado por los auditores del Consejo de la Magistratura. Las mismas fuentes agregaron que hasta ahora sólo las salas I y IV de Casación Federal respondieron al requerimiento de los auditores. El tribunal tiene otras dos salas, la II y la III.

La sala I es presidida por la jueza Ana María Figueroa, de supuesta simpatía con el kirchnerismo, al igual que Slokar, el titular durante este año de toda la Cámara. Las otras dos vocalías de la sala I están vacantes y este año son subrogadas por dos jueces de la sala IV, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

Fuentes judiciales estimaron que el problema subyacente a los expedientes "traspapelados" es justamente el de la falta de jueces titulares por las demoras en el concurso que se lleva adelante en el Consejo de la Magistratura. En realidad, la comisión de Selección de esta institución ya tiene tres opciones de ternas para ocupar las cuatro vacantes existentes en la Cámara de Casación federal. Pero las fuentes advirtieron que esto puede demorarse más aún si es que se aguarda la eventual renuncia de tres magistrados cercanos a la edad jubilatoria, incluso uno de ellos, Pedro David, ya pasada de ella.

Al igual que otros concursos para otros cargos en la Justicia vacíos hace años y ocupados alternativamente por diversos subrogantes, el concurso no termina por falta de acuerdo político en el Consejo de la Magistratura para aprobar las ternas, un problema arrastrado desde el kirchnerismo y que este año, con el cambio de Gobierno, empezó a solucionarse parcialmente con la selección de candidatos para cargos de menor importancia.

Por la Cámara Federal de Casación Penal pasan todos los casos de corrupción, ya que no sólo es el tribunal de alzada de los tribunales orales y la Cámara Federal penal porteños sino también de todos los tribunales federales dispersos por el país.

La sala I de la Casación Federal, la misma que llegó a ser cuestionada públicamente por el entonces presidente Néstor Kirchner, que dirigió sus dardos contra uno de sus integrantes, Alfredo Bisordi, a raíz de las demoras en causas de derechos humanos, tuvo catorce jueces en los últimos veinte años. Tres de ellos fueron los polémicos subrogantes designados por el kirchnerismo a través de un método luego anulado: Claudio Vázquez, Norberto Frontini y Roberto Boico.

Fuente:Lucio Fernandes Moores