El rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a la apelación argentina en el litigio con los fondos buitre hace volver la causa al juez de Nueva York, Thomas Griesa, quien podría abrir una instancia de negociación.

Con la decisión del máximo tribunal norteamericano, el caso Argentina vs. los fondos NML, Aurelius, Blue Angel y otros pequeños inversores, que habían prevalecido en las dos instancias inferiores, regresa al tribunal de Griesa.

Según se indicó en el blog de la Corte Suprema, la jueza Sonia Sotomayor no tomó parte de la decisión.

Tras la decisión del máximo tribunal, el Gobierno de Cristina Kirchner podría pedir una revisión del caso a la Corte que debería dar su respuesta en las próximas 48 horas. Sin embargo las perspectivas ante esta posibilidad no son buenas ya que se da por descontado que, como en la mayoría de los casos que se llegan a esta instancia, el pedido sería rechazado.

Otra alternativa que se abre con el rechazo de la Corte de tomar la apelación al fallo de Griesa, es que la Argentina negocie con los fondos buitre de qué manera pagará los 1.300 millones de dólares que reclaman. Este no es un detalle menor ya que en diciembre próximo cae la vigencia de la cláusula de pari passu que obliga a la Argentina a tratar a todos los bonistas por igual. De esta manera, si la Argentina logra dilatar hasta el próximo año el pago a los fondos buitre, los bonistas que sí accedieron a entrar al canje de deuda no podrán reclamar el pago del 100% de sus bonos. De esta manera la Argentina lograría evitar el mayor de los peligros: enfrentar una avalancha de demandas que podrían alcanzar los 70 mil millones de dólares. Si la Argentina decidiera pagar un solo dólar a los fondos buitre antes de diciembre, en virtud de la cláusulapari passu, el resto de los bonistas se encontraría en condiciones de reclamar el mismo tratamiento y la totalidad del pago.

Sin embargo la posibilidad de pagar a los fondos buitre y dejar afuera a los bonistas que sí aceptaron la reestructuración de la deuda iría también contra la férrea posición defendida por el gobierno argentino en todos los foros internacionales en los últimos años contra los fondos buitre. Estaría de alguna manera validando esta práctica y al mismo tiempo echando por tierra la posibilidad de futuras reestructuraciones de deuda ya que ningún bonista aceptaría un quite en sus acreencias.

También cabe la posibilidad de que el Gobierno decida el cambio de la sede de pago, que habitualmente se hace en el banco de Washington. De esta manera el país entraría en un default técnico. Seguiría pagando a los bonistas que entraron al canje de deuda pero evitaría que Griesa se hiciera de esos fondos a través de un embargo para pagarle a los fondos buitre.