De esta manera, estas iniciativas se debatirán en una sesión especial que se celebrará a partir del miércoles y que se extenderá hasta el jueves, en cuyo transcurso se debatirá también el proyecto de asociación público-privado para atraer inversiones para realizar obras de infraestructura.

El interbloque Cambiemos además aceptó establecer un tope del 7,5 por ciento del monto de gastos global previsto, en lugar del 10 por ciento original, para que el Poder Ejecutivo pueda reasignar partidas de manera directa, poniendo de esta forma punto final a los "superpoderes" establecidos en la ley de Administración Financiera votados durante la administración kirchnerista.

El consenso alcanzado ente el oficialismo y estos bloques se pudo verificar en las firmas que obtuvo el dictamen de mayoría ya que fue respaldado por diputados de Cambiemos, el massismo, el Bloque Justicialista, Progresistas y el Frente Cívico de Santiago del Estero, estos últimos con disidencias parciales.

Por su parte, el Frente para la Victoria y la izquierda anunciaron que presentarán cada uno un dictamen de minoría.

Las reformas consensuadas entre Cambiemos, el massismo y el Bloque Justicialista, que ayer fueron adelantadas por Télam, contemplan un fuerte incremento en el monto de las partidas automáticas a las que podrán acceder las provincias, junto a refuerzos en partidas ministeriales y la ampliación del plan de obras públicas.

Los cambios introducidos fueron explicados por el presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, quien señaló que "se tuvieron en cuenta muchos pedidos realizados por diputados de la oposición" con lo cual "esperemos que puedan acompañar este dictamen".

Estos cambios no modificaron las pautas macroeconómicas que contempla una mejora en la actividad económica de 3,5 por ciento para 2017, una pauta inflacionaria del 17 por ciento, un dólar promedio de 18 pesos, un déficit del 4,2 por ciento y un gasto global superior a los 2,3 billones de pesos.

También se mantuvo el criterio de priorizar el gasto social ya que se sigue destinando el 64 por ciento a servicios social y reforzar las partidas para obras públicas, que se harán con el sistema de contrato público privado, ya que se sumaron emprendimientos de infraestructura claves para las provincias.

Laspina confirmó que se establecerá un suma adicional e $5.000 millones en el Fondo sojero que se distribuirá de acuerdo a los índices de coparticipación, de los cuales el 70 por ciento corresponder a las provincias y el 30 a los municipios, con el requisito de que se utilicen para obras de infraestructura.

El legislador también informó que se destinarán 8000 millones -de un monto total de 14.000 millones de pesos- para distribuir en forma automáticas a las provincias que conservan en su poder las cajas previsionales, de manera de cubrir el déficit de las mismas.

Estos fondos se distribuirán teniendo en cuenta en un 25 por ciento el nivel de población provincial (en base a datos del Censo Nacional 2010 del INDEC), en otro 25 por ciento la cantidad de beneficiarios previsionales de cada caja provincial, en un 50 por ciento un promedio del déficit auditado por Anses.

Laspina dio cuenta además un "refuerzo de 4500 millones para el Ministerio del Interior para realizar acueductos y obras hídricas solicitadas por las provincias" y confirmó que se incorporarán un conjunto de obras para diferentes provincias.

En ese sentido se sumaron obras de infraestructura para construir un acueducto en La Pampa, una autopista en Mendoza, rutas en varias provincias y se autorizó al gobierno a utilizar el sistema de contrato público privado, que se debatirá también el miércoles, para permitir la inversión privada.

También se incorporó una suma de $1.000 millones para las Universidades Nacionales como pedían los mandatarios y los recortes del Consejo Nacional Universitario.

Si bien se incorporaron muchas modificaciones nadie discute las previsiones macroeconómicas del gobierno que contempla un aumento de 3,5 por ciento, una pauta inflacionaria del 17 por ciento, un dólar a 18 pesos, un déficit del 4,2 por ciento y una deuda estimada en $247.000 millones.

Por último, anunció que se reformó la partida prevista originalmente para el Ministerio de de Agricultura al que se sumó $4.500 millones de pesos para el funcionamiento del Senasa y para las economías regionales y políticas de agricultura familiar.

DyN-Tèlam