Tras haber fracasado su aprobación en el recinto de Diputados, el proyecto de ley de contratación público-privada obtuvo nuevamente dictamen este martes en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto de la Cámara baja.

Se trata de la iniciativa que Cambiemos no pudo sancionar en la última sesión, dado que el Frente para la Victoria y el massismo votaron la vuelta a comisiones.

Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro), leyó las modificaciones que se realizarán a la iniciativa, la cual ya había sufrido numerosos cambios en el Senado.

El diputado destacó que las modificaciones tienden a favorecer a la industria nacional, garantizar el control del Congreso a través de la Comisión Bicameral, generar mayor publicidad de los dictámenes y fijar límites a la utilización de los recursos públicos. “Estos cambios lo han mejorado muchísimo al proyecto en el ámbito de los controles del Estado y los controles para operaciones de este tipo”, aseguró.

Entre los cambios se incorporaron los “deberes” que tendrá la entidad contratante, como el de promover el desarrollo de proyectos tendientes a cuidar el medioambiente. En este sentido, deberán especificarse en el contrato las obligaciones de índole ambiental y se establece la participación del Ministerio de Ambiente, conducido por Sergio Bergman.

Además, el Poder Ejecutivo deberá informar el pacto fiscal de los compromisos asumidos e incluirlo al Presupuesto. En tanto, para 2017 se fija un tope del 5 por ciento del presupuesto que se podrá utilizar para proyectos de PPP.

A pedido del bloque Justicialista se introducirán pautas para que en la selección de contratistas se priorice a las industrias nacionales, es decir, que haya un criterio que les dé ventajas por encima de las extranjeras.

También se especifica que en los pliegos y demás documentación contractual se deberá garantizar que los bienes y servicios provistos tengan, como mínimo, un 25% de componente nacional.

Desde el FpV-PJ, Juan Manuel Pedrini criticó la iniciativa, con la cual, dijo, “se abre la obra pública a capitales y empresas extranjeras” y expresó su “más enfático rechazo”. Por su parte, su compañero de bancada Alejandro Abraham sostuvo que la ley “es la consagración del fracaso de las políticas económicas del Gobierno”.

En la misma línea, el legislador Adrián Grana se quejó que los cambios son “insuficientes y cosméticos”. “En Argentina estamos siendo víctimas de una campaña de desprestigio de la obra púbica durante nuestro gobierno”, expresó en relación a la gestión kirchnerista, y consideró que “como en los ‘90” se busca “favorecer a los actores del mercado y no a la gente” con la obra pública.

“El FpV-PJ no va a acompañar esta ley que hipoteca el futuro de las próximas generaciones”, agregó.

Axel Kicillof afirmó que el régimen de PPP “está podrido antes de nacer”. “Es muy difícil llegar a un acuerdo con los privados sin que te pidan el oro y el moro”, sostuvo el exministro de Economía.

Por el Frente Renovador, el diputado José De Mendiguren pidió incorporar que la participación del sector nacional se amplíe a un tercio de todas las contrataciones, lo cual fue aceptado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro).

Por su parte, el oficialista Eduardo Amadeo (Pro) calificó a la ley como una de “las más importante” después del Presupuesto, que va a “recuperar la integración federal a través de obras”.

Los cambios al texto fueron acordados entre Cambiemos y los bloques Justicialista y Frente Renovador, mientras que el Frente para la Victoria insistió con su oposición a la iniciativa del Poder Ejecutivo.