Después del mini-Davos que armó el Gobierno en septiembre pasado para mostrar el país y acelerar la llegada de inversiones, y con agentes externos expectantes que no quieren más promesas y exigen saber realmente cuándo se reactivará la economía doméstica para alimentar el grifo de los "brotes verdes", el Poder Ejecutivo podría dar una pésima señal al mercado inversor si prospera el proyecto que activará la posibilidad de reconversión de empresas privadas en las denominadas "Sociedades de Interés y Beneficio Colectivo" (IBC).

La iniciativa, enviada por Casa Rosada con las firmas del ministro de Producción, Francisco Adolfo Cabrera, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, resalta en su primer artículo que se protegerá "a los administradores de las sociedades comerciales que tienen en miras el interés social frente a acciones o reclamos que pudieran sufrir por decisiones que, si bien pueden generar un beneficio a la comunidad, no persiguen necesariamente la maximización de ganancias de sus accionistas como fin único y último". Es decir, capitalismo culposo.

Para eso, el Ejecutivo plantea la obligatoriedad de "dotar al administrador de cierto resguardo, pero a la vez ampliar sus deberes considerando que deberá tomar en cuenta los efectos de sus acciones u omisiones respecto de los socios, los empleados actuales y, en general, la fuerza de trabajo de la empresa, las comunidades con las que se vincule, el ambiente local y global, las expectativas a largo plazo de los socios y de la sociedad". Además, a los socios que no estén de acuerdo se les otorgará el "derecho de receso".

En tanto, el tercer artículo deja claro que "sin perjuicio de los requisitos generales exigidos por las normas de aplicación según el tipo social adoptado, tanto las sociedades ya existentes" como las futuras "que soliciten adherirse al régimen IBC deberán incluir en su contrato social el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar", y la "exigencia del voto favorable del 75% de los socios con derecho a voto para toda modificación del objeto y fines sociales, no correspondiendo la pluralidad de voto".

Para el titular de la consultora NOAnomics, Félix Piacentini, el fin de maximizar beneficios para los accionistas es justamente "el que ha logrado que el sistema capitalista haya generado un nivel de bienestar mundial inédito y sacado de la pobreza a millones de personas, nos guste o no", y señaló que "para corregir las fallas de mercado, que sí existen, y alcanzar esas metas sociales y ambientales están las políticas públicas; y desde el plano civil, las fundaciones y ONG, o en última instancia los departamentos de responsabilidad social empresarial de las firmas ya existentes".

El economista dijo que cuesta "imaginar una reunión de accionistas evaluando si los objetivos sociales o ambientales de una IBC se cumplieron", y agregó: "El beneficio se mide en dinero. ¿Harán unas complicadísimas y costosas evaluaciones económicas y ambientales para determinar si así lo hicieron? Preocupémonos para que las empresas compitan más, dejemos de crear burocracia y no pretendamos tercerizar el rol del Estado en las áreas donde sí tiene que estar presente".

La iniciativa en cuestión ingresó la semana pasada a la Cámara de Diputados, pero deberá esperar. Mañana sí se votará la que crea la figura legal de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que permite a los emprendedores acceder a trámites simples y comenzar su actividad con un mínimo presupuesto, disponer de CUIT en la AFIP y de una cuenta bancaria propia en 24 horas, y de acceder a través de diez fondos de capital que creará el proyecto.

En tanto, el texto de IBC que ingresó el miércoles a Diputados llegó junto a otro -también del Poder Ejecutivo- para instrumentar el Convenio de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario Serie "B", firmado con la Corporación Andina de Fomento.

Fuente:Mariano Casal