Senadores de la oposición clavaron ayer un freno al impulso que le dio Casa Rosada a la iniciativa que modifica el Régimen de Riesgos del Trabajo (piensan incluirlo en la convocatoria a sesiones extraordinarias) y con el que Mauricio Macri busca dinamitar la denominada "industria del juicio", que puso en jaque al sistema de cobertura de accidentes laborales. 

Ni siquiera los sólidos datos que aportaron ayer los senadores el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca; y el Superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, suavizaron las advertencias opositoras, aunque tampoco partió desde allí una solución para el problema.

Triaca y Morón pintaron un panorama terminal de la situación, con un 70% de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo que se reclaman a través de demandas laborales para evitar la intervención previa de las comisiones médicas jurisdiccionales. Otros datos: nacen 120.000 juicios por año, la tasa de crecimiento anual de los mismos es del 15%, y existen en la actualidad 340.000 procesos sin definición, por un total de u$s4.500 millones.

Es por ese motivo que la iniciativa del oficialismo buscará implementar a dichas comisiones como la "instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente de toda intervención para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la ley".

La instrucción del "carácter obligatorio y excluyente" de las comisiones -una de primera instancia y otra cental, de apelación- encendió el alerta de los senadores: primero, porque no permitiría a una persona presentarse desde el principio en la Justicia y puede llevar a un planteo de inconstitucionalidad de la ley; y la segunda, debido a que no se especifica el tiempo exacto en el que se deben expedir las comisiones.

Ayer, asesores que acompañaron a la comitiva oficial explicaron a Ámbito Financiero que la intención es "tardar entre 40 y 60 días para tener una definición" y seguir con los pasos formales que establece el proyecto.

Una vez que el tratamiento de un expediente pase por la comisión médica originaria y por la central, el empleado puede ir a la Justicia. Si no, se tomará lo dictaminado como cosa juzgada.

Días atrás, Margarita Stolbizer (GEN) aseguró que "la preocupación debería ser prevenir para evitar los siniestros y no que los trabajadores inicien juicios".

Un reclamo parecido sobre los controles gatilló el sindicalismo, pero el Gobierno cree que será mitigado a través del artículo 19 de la ley, que impone el plazo de un año para crear un "proyecto de ley de Protección y Prevención Laboral destinado a garantizar que las condiciones y medio ambiente de trabajo resulten acordes con las mejores prácticas y la normativa internacional".

El proyecto resalta que es prioritario "la necesidad de igualación de los derechos ciudadanos para incluir a los empleados públicos provinciales y municipales que hoy no se encuentran plenamente incorporados a las coberturas", y así descomprimir la doble obligación de los distritos.

Sobre la inclusión de provincias -legislaturas deberán adherir-, la misionera Sandra Giménez aportó un golpe de choque entre lo que dice el texto y lo que supuestamene sería viable hoy en día. "Esta ley permitiría delegar facultades a Nación y no es posible, ya que deberíamos reformar nuestra Constitución provincial. Antes de empezar la discusión, ya nos quedamos afuera", disparó.

La oposición esperará hoy las exposiciones de abogados y mañana irá la CGT, que renovó tensión con el Gobierno por la emergencia social y el debate sobre la renovación de los convenios colectivos.