Los presidentes de los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados formalizaron hoy la presentación del proyecto de emergencia social, donde se plasma el acuerdo alcanzado entre las organizaciones piqueteras y el Gobierno nacional para declarar la emergencia hasta 2019 y reforzar los recursos para fomentar la "economía popular" que realizan esas cooperativas.

La iniciativa, que tendrá dictamen de comisión este jueves y será votado el próximo martes en la primera sesión del período extraordinario, apuesta a que las organizaciones puedan incluir a los ciudadanos que tienen planes sociales en los sistemas de trabajo efectuado a través de las cooperativas de esas organizaciones.

El acuerdo contempla un refuerzo de partidas para las organizaciones sociales por 30.000 millones hasta fines del 2019 y para ello se autoriza al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.

El proyecto fue firmado por los presidentes de los bloques que conforman el interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri y el macrista Nicolas Massot; del Frente Renovador, Sergio Massa; del Movimiento Evita Leonardo Grosso y de Libres del Sur, Victoria Donda.

También lo hicieron el jefe de la bloque Justicialista, Oscar Romero, y el referente de esa bancada, Diego Bossio; la massista Graciela Camaño; Alicia Ciciliani por los socialistas y Alcira Argumedo de Proyecto Sur, entre otros.

El Frente para la Victoria no firmó la iniciativa, pero anticipó que acompañará el proyecto que plasma el acuerdo alcanzado entre los movimientos sociales y el gobierno nacional.

El proyecto tiene como objeto "promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional".

Además dispone la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC)", que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo, como “ámbito institucional permanente”, y debería comenzar a funcionar dentro de los 90 días desde la promulgación de la ley.

A su vez, se crea el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a los beneficios.

“Los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario”, dice el artículo 7 del proyecto.

Con ese fin, bajo el paragüas de los superpoderes, se faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias” para proveer los fondos adicionales que exige la ley, hasta un monto de 25.000 millones de pesos, durante los tres años que dure la Emergencia Social.

En el caso de que al 31 de diciembre de 2018 esos fondos hubieran sido ejecutados, el jefe de Gabinete podría resignar partidas por otros 5.000 millones de pesos, como máximo.

El oficialismo se comprometió a aprobar la iniciativa en la Cámara de Diputados el próximo martes 6 de diciembre, junto con la reforma del impuesto a las Ganancias.

Suscribieron al proyecto los diputados Nicolás Massot (Pro), Mario Negri (UCR), Sergio Massa, Graciela Camaño (Frente Renovador), Diego Bossio, Oscar Romero (Justicialista), Leonardo Grosso, Lucila De Ponti, Silvia Horne, Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Victoria Donda, Federico Masso (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Jorge Franco (Frente de la Concordia Misionero), y Alcira Argumedo (Proyecto Sur).