El proyecto de Emergencia Social, acordado entre movimientos sociales y el Gobierno nacional, obtuvo dictamen este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Se trataría en el recinto el martes 6 de diciembre, en sesión extraordinaria.

Según la iniciativa, compuesta por 12 artículos, la Emergencia Social durará hasta el 31 de diciembre de 2019. Además, establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como “ámbito institucional permanente”.

Este organismo, que comenzará a funcionar 90 días después de la promulgación de la ley, estaría conformado por un represente del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales.

Por otra parte, se crea el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a los beneficios.

El jefe de la bancada de Peronismo para la Victoria, Leonardo Grosso, resaltó que “esta ley va a terminar con los planes sociales” y destacó la “voluntad política” de cambiar “el paradigma de los planes sociales”.

Para el legislador la situación social y económica actual “es consecuencia de la política económica de este año y de problemas estructurales que arrastra la Argentina”.

“Estamos ante la posibilidad de incorporar un sector de la clase trabajadora a ser parte del Estado”, expresó el dirigente de Movimiento Evita, la primera agrupación en motorizar el tema.

Por su parte, su compañera de bancada Lucila De Ponti aseguró que “desde lo institucional” la norma “refleja un salto cualitativo”, porque el trabajador de la economía popular “tiene la necesidad de que el Estado lo atienda”.

A su turno, el diputado Néstor Pitrola (FIT) afirmó que “la emergencia es total y absoluta” y que “está culminado un año de recesión económica y despidos masivos”, pero en disidencia con la ley consideró que la creación del registro es “una versión más del asistencialismo” y que “no hay economía popular bajo el capitalismo”. Anticipó la presentación de un dictamen de minoría.

Desde el Pro, el legislador Eduardo Amadeo dijo que la “espiral” de pobreza comenzó con la dictadura y “se fue profundizando con la crisis, los pobres son los primeros en perder el empleo y los últimos en recuperarlo”. “Necesitamos tener una economía estable y de largo plazo, que no genere más crisis”, sostuvo.

Además, el presidente de la Comisión de Finanzas señaló que es necesario “agregarle calidad, tecnología y sustentabilidad” a los sectores de la economía popular “para que los planes se conviertan en trabajo, porque allí está la dignidad”.

Por Libres del Sur, la diputada Victoria Donda manifestó que con esta ley se busca “desterrar el concepto de desocupados”. “No hay gente desocupada, están limpiando tu casa de forma no registrada, están vendiendo medias en el tren, pero no son desocupados, son trabajadores de la economía popular”, subrayó. También defendió que el Salario Social Complementario debe ser un “piso mínimo que tiene que alcanzar una persona”.

En tanto, el legislador Felipe Solá (FR) recordó las cuatro movilizaciones masivas que se llevaron a cabo a lo largo del año, en reclamo de la situación social y económica, y remarcó en ninguna “hubo un solo discurso de violencia”. Y reflexionó: “Si no hubiera ocurrido eso, no hubiéramos tenido este proyecto ni la sanción de esta ley”.

La ley tiene como objetivo “defender los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.

Mediante la norma, el jefe de Gabinete estará facultado a “efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias” para proveer los fondos adicionales que exige la ley, hasta un monto de 25.000 millones de pesos, durante los tres años que dure la Emergencia Social.

En el caso de que al 31 de diciembre de 2018 esos fondos hubieran sido ejecutados, el jefe de Gabinete podría resignar partidas por otros 5.000 millones de pesos, como máximo.