Esta mañana, en la planta siderúrgica Tenaris Siderca y bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex RENAR), se destruyeron más de 21.600 armas incautadas en disferentes tipos de delitos en varias provincias.

"esto es ponerle fin al mercado ilegal de armas de fuego, estas armas no pueden circular y tienen que ser destruidas", señaló el ministro de seguridad bonaerense Cristian Ritondo, que además comentó que "equipar a la policía y terminar con estas armas es debilitar al crimen organizado, contra quienes luchamos día a día"

Por su parte, la directora de ANMaC, Natalia Gambaro, agregó que "con esta destrucción cerramos el primer año de gestión con 46.600 armas menos, que ya no corren riesgo de reingresar en el mercado ilegal. De esta forma contribuimos a la reducción de la violencia y a la presencia de armas en manos de delincuentes".

Entre el armamento destruido se encuentra un lote correspondiente a depósitos policiales de la Provincia con pedido de destrucción desde 2007. El resto proviene de Córdoba y Corrientes. Algunas de estas armas fueron dadas de baja mediante el Programa Nacional de Desarme Voluntario.

El procedimiento de destrucción, el único método que garantiza que las mismas no puedan ser utilizadas en un futuro, comprende dos etapas: una de trituración, y otra de fundición, donde se convierten los metales en hierro fundido mediante la utilización de un horno de alta temperatura. Luego se transforma en materia prima para la fabricación de acero. 

"Es la segunda destrucción de este año, se suman a las 25.000 armas que destruimos en agosto... Provienen en su mayoría de depósitos judiciales y policiales y son las que se filtran al mercado ilegal. Sacar esta enorme cantidad previene que se vuelquen al delito", dijo a The Associated Press Natalia Gambaro, directora de la ANMaC, presente en el operativo.

De esta forma Argentina intenta cumplir además con uno de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo de Naciones Unidas, que apunta a la destrucción de armas circulantes.

Según Gambaro en 2015 se produjeron entre 8.000 y 8.500 muertes por armas en hechos violentos, suicidios o accidentes en todo el país, con lo que su destrucción también apunta a desincentivar la violencia en distintos ámbitos.

Más de la mitad de las unidades pulverizadas intervinieron en delitos en la provincia de Buenos Aires, la más grande del país y con altos índices de criminalidad.

Asimismo fueron destruidas armas dadas de baja por la policía de la provincia de Córdoba, en el centro geográfico de Argentina, otras usadas en actos delictivos que fueron trasladadas desde Corrientes, en el noreste, y un remanente de un programa de desarme voluntario.

Ese programa, por el cual se daba un monto de dinero a las personas que entregaban voluntariamente las armas que poseían, fue implementado por la administración de la presidenta Cristina Fernández (2007-2015). El actual gobierno de Mauricio Macri entiende que tenía un alcance limitado y por ello incluyó en sus planes de destrucción el armamento proveniente de los depósitos que funcionan como coladeros hacia el mundo del delito.

"No estamos en un trabajo sólo de retiro voluntario de armas... (también se busca) evitar que vuelvan al negocio ilegal y se generen delitos", dijo a AP Eugenio Burzaco, secretario argentino de Seguridad. Según el funcionario 50% de los delitos en Argentina se cometen con armas de fuego.

Con la destrucción de más de 46.000 unidades en 2016 se superó ampliamente la media anual de 21.000 sacadas de circulación en años anteriores, según la ANMaC.

Gambaro sostuvo que en Argentina hay un millón y medio de armas registradas "y es razonable hablar que hay igual cantidad de armas" en el mercado negro.

Adrián Marcenac, uno de los titulares de la Red para el Desarme y quien perdió un hijo años atrás en un tiroteo, opinó por su parte que la metodología aplicada por la ANMaC "es eficaz porque es la única manera de que las armas no vuelvan al circuito de violencia".

Sin embargo, cuestionó que el gobierno falla en cuanto a "la prevención y concientización" sobre la tenencia de armas. Al respecto indicó que el programa de entrega voluntaria, prorrogado por el parlamento recientemente, "todavía no está en funcionamiento".

También abogó por que haya "un mayor control desde la fabricación hasta el usuario final. Hay una falencia muy gruesa porque no hay un trabajo claro de inspección en todo el circuito legal".

Tèlám