Una aritmética que le obliga al diálogo y al pacto, lo cual siempre es positivo, pero también a realizar cesiones contra natura, a sabiendas incluso de que estas pueden ser contraproducentes para la sociedad en general y se convierten en piedras sobre el propio tejado de aquellos mismos que las impusieron como condición irrenunciable.

Y esto es lo que ha ocurrido con el sorpresivo destope de las cotizaciones a la Seguridad Social. Un "peaje" a los sindicatos como contrapartida al mantenimiento de la reforma laboral y para que asuman una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la mayor de los últimos 30 años, pero sensiblemente inferior a los 800 euros que pedían. Y un canon al PSOE para que permitan, mediante la abstención, la aprobación del techo de gasto en el Congreso.

El aumento del 3 por ciento en las cotizaciones máximas y del 8 por ciento en las mínimas es una carga de profundidad que el Ejecutivo de Rajoy ha lanzado contra el submarino del empleo. Un fuego azul obligado desde el bando sindical que es quien ha puesto sobre la mesa de la negociación con el Gobierno el arma destructiva, frente a la pretensión tradicional de CEOE y de Cepyme de reducir este impuesto encubierto a la creación de puestos de trabajo, a la competitividad y a la recuperación de los salarios.

Y el perjuicio es especialmente grave para los más débiles. Porque la subida de las bases mínimas de cotización penaliza especialmente a las pequeñas empresas que tienen menos de diez trabajadores, a los autónomos societarios y a los autoempleados, que son, hoy en este país, el principal motor de la generación de empleo. Subir un 8 por ciento a estos colectivos, en correlación con la subida aprobada para el SMI, supone incrementar en 300 euros anuales por trabajador para quienes cotizan en el Grupo 1 del Régimen General, y una "nueva estocada" para el millón de autónomos societarios del país, en palabras del presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor.

Un golpe que se produce, además, con nocturnidad y alevosía, puesto que no se había avisado previamente y les cambia las reglas de juego sin apenas tiempo para asumirlo y adaptarse.

Pero, además, esta práctica del destope es contraria a la normativa existente en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno. Sólo Canadá, entre la economías desarrolladas, destopa las cotizaciones, mientras que algunos otros países que lo hacen destopan también las pensiones, algo que aquí ni se plantea. Es más, si observamos las reformas de los sistemas de pensiones que se han hecho en los últimos cinco años en Europa, vemos como ninguno ha optado por la vía del destope, sino todo lo contrario, apostando por abaratar los costes laborales derivados de las cotizaciones sociales.

Mas negativo resulta aún este destope si, como es el caso, se acompaña de nuevos recortes en las deducciones en el Impuestos de Sociedades. Un cóctel explosivo que amenaza con traducirse en menos empleo, menos competitividad, peores salarios y menos inversión.