Aunque el Presidente medita la posibilidad del veto al proyecto unificado de la oposición por Ganancias, en la Casa Rosada analizan varias alternativas para frenarlo y evitar que, una vez más, como ocurrió con la ley antidespidos, pague el costo político de tomar una decisión antipática. Así, el ala más política del Gobierno trabaja desde ayer -incluso antes de que se aprobara formalmente en Diputados- para conseguir el apoyo de los gobernadores y lograr frenar la iniciativa en el Senado, donde -se presume- tienen más influencia. Pero en un escenario tan complejo y con distintas variables a tener en cuenta, el plan "B" que se vislumbra en Balcarce 50 es el de ganar tiempo en el trámite parlamentario, asegurando que el proyecto vuelva con cambios a la Cámara baja.

En este sentido, más que un plan B, por estas horas parece una de las pocas certezas que tienen puertas adentro del Gobierno. O al menos la única que no se guardan. "Es inevitable que vuelva a Diputados. Varios gobernadores nos pidieron que quitemos las retenciones a las mineras y el proyecto las vuelve a fijar. Lo mismo con el tema del Juego, porque varios ya tienen problemas con los gremios. De mínima, ellos van a jugar para que se hagan esos cambios y nos va a dar un poco más de tiempo", razonan desde el Gobierno. Y el tiempo es clave: el período de sesiones extraordinarias, convocado por el Ejecutivo, finaliza el 31 de diciembre. 

¿En qué se basa el optimismo del Gobierno? Señalan que, cuando Mauricio Macri tomó la decisión de quitar las retenciones, cumplió con un expreso pedido del gobernador de San Juan, Sergio Uñac; la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, y del riojano Sergio Casas; quienes reclamaron la medida para reactivar el sector. 

Ahora, el texto consensuado por la oposición reinstaura las retenciones con el propósito de recaudar unos 5 mil millones de pesos. 

Por diversas razones, también anotan en una lista de posibles aliados con este tema a Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Schiaretti (Córdoba), Miguel Lifschitz (Santa Fe), el misionero Hugo Passalacqua, y el salteño Juan Manuel Urtubey. 

Atención: decían lo mismo de la santiagueña Claudia Ledesma de Zamora, pero anoche los diputados del Frente Cívico de Santiago votaron a favor del texto opositor.

Es algo que reconocen en el Gobierno: los mandatarios todavía no terminan de enviar señales claras de qué van a hacer. "A veces dicen algo acá y después juegan distinto", admiten.

Ante tanta incertidumbre, el ministro del Interior Rogelio Frigerio debió ponerse al frente de los contactos con los gobernadores, si bien delegó buena parte de la tarea en su vice, el monzoista Sebastián García de Luca,. De camino a China, un viaje trazado meses atrás con el objetivo de captar inversiones para obra pública, Frigerio se encargó de hablar con varios mandatarios. "El escenario está abierto. Nosotros tenemos minoría en ambas cámaras. Depende de los gobernadores", dijeron cerca suyo.

Más que un gesto de debilidad será la carta que esgrimirá el Gobierno: ¿Quién se hará cargo de desfinanciar al Estado? Según estimaciones de la AFIP y del Ministerio de Hacienda, serían unos 65 mil millones de pesos, de los cuales, en la ley de Presupuesto votada por el Congreso, sólo están contemplados $ 27 mil millones. 

En ese contexto, aseguran, no es menor el dato de que los gobernadores son socios en las pérdidas, dado que pierden la mitad de lo que se deje de recaudar.

Fuente:Ignacio Ortelli