De acuerdo al expediente, la maniobra se habría cometido a través de las empresas "Vamagra S.A." y "La Soñada S.A.", que "estaban exclusivamente integradas por los accionistas Valeria Mazza y Alejandro Gravier, tenedores del 100% de su paquete accionario".

Se trata de una causa en la que estaba procesada una contadora, Ana María Jost, quien según la acusación habría presentado los documentos ante el organismo recaudador.

"Tales sociedades, al igual que Valeria Raquel Mazza, estaban siendo investigadas por presunta evasión de tributos, y en ese marco fue que tuvo lugar la presentación de Jost que integraba el estudio contable" de la familia Gravier.

 "Lejos están Horacio Alfredo Gravier, Alejandro Jorge Gravier y María Cristina Cirio de resultar ajenos al hecho materia de pesquisa, pues con la provisoriedad propia de esta etapa del proceso es posible sostener que el desarrollo de la conducta material, en definitiva concretada por Jost, fue posible únicamente merced a su necesaria colaboración, suscribiendo el contrato que, junto con las actuaciones notariales falsas, sería entregado por esta última para eludir sus responsabilidades", dice el fallo.

La resolución ordenó al juez que lleva el caso, Roberto Ponce "expedirse acerca de las restantes medidas cautelares", es decir embargos sobre los bienes y si dictará prisión o sin prisión preventiva.