El marido y los suegros de Valeria Mazza, procesados

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10 de julio de 2014

El marido y los suegros de Valeria Mazza, procesados

La causa es por falsificación y evasión de impuestos, y tiene una pena de hasta seis años de prisión.

La Cámara del Crimen dispuso el procesamiento del marido de Valeria Mazza, Alejandro Gravier, y de los suegros de la top model en una causa en la que están acusados de haber falsificado un contrato de locación supuestamente para evadir impuestos. El fallo fue dictado por la Sala Cuarta de la Cámara, con las firmas de los juecesMariano González Palazzo, Carlos Alberto González y Alberto Seijas, que procesó a Gravier, esposo de Mazza, y sus padres, Horacio Alfredo Gravier y María Cristina Cirio, como "partícipes necesarios del delito de uso de documento público falso", una figura que tiene una pena de hasta seis años de prisión.

De acuerdo al expediente, la maniobra se habría cometido a través de las empresas "Vamagra S.A." y "La Soñada S.A.", que "estaban exclusivamente integradas por los accionistas Valeria Mazza y Alejandro Gravier, tenedores del 100% de su paquete accionario".

Se trata de una causa en la que estaba procesada una contadora, Ana María Jost, quien según la acusación habría presentado los documentos ante el organismo recaudador.

"Tales sociedades, al igual que Valeria Raquel Mazza, estaban siendo investigadas por presunta evasión de tributos, y en ese marco fue que tuvo lugar la presentación de Jost que integraba el estudio contable" de la familia Gravier.

"Lejos están Horacio Alfredo Gravier, Alejandro Jorge Gravier y María Cristina Cirio de resultar ajenos al hecho materia de pesquisa, pues con la provisoriedad propia de esta etapa del proceso es posible sostener que el desarrollo de la conducta material, en definitiva concretada por Jost, fue posible únicamente merced a su necesaria colaboración, suscribiendo el contrato que, junto con las actuaciones notariales falsas, sería entregado por esta última para eludir sus responsabilidades", dice el fallo.

La resolución ordenó al juez que lleva el caso, Roberto Ponce "expedirse acerca de las restantes medidas cautelares", es decir embargos sobre los bienes y si dictará prisión o sin prisión preventiva.