La Decisión Administrativa 12 publicada ayer en Boletín Oficial que reglamenta la distribución del Presupuesto 2017 es el primer paso para la puesta en marcha del llamado "Plan de Desburocratización y Reforma del Estado", que apunta a reestructurar la Administración Pública Nacional o, dicho de otra forma, a hacer más eficiente el gasto publico.

Esta Decisión Administrativa incluye como novedad la instrumentación de un censo de empleados en el seno del Poder Ejecutivo Nacional al 31 de diciembre de 2016, con los cargos permanentes y contratados, y las limitaciones para incrementar la cantidad de empleados.

El plan que llevarán a cabo en forma conjunta el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el ministro de Modernización Andrés Ibarra con la supervisión de los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana consiste en ahorrar entre 60.000 y 80.000 millones de pesos -aproximadamente un 1 % del PBI- en los próximos 3 años del Gobierno de Mauricio Macri.

El modelo es similar a los casos Francia y España. En esos países se trabaja con un sistema de evaluación y la remuneración anual se fija por cumplimiento de los objetivos fijados por el Estado. En los próximos días se pondrá en marcha lo que en el Gobierno llaman "la madre de todas las batallas contra la burocracia del Estado".

Estos son los principales puntos del "Plan de Desburocratización y Reforma del Estado":

1- Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional deberán enviar al ministerio de Modernización, dentro de los próximos 30 días a contar desde ayer, el detalle de los cargos ocupados correspondientes a sus plantas de personal permanente y temporario existentes al 31 de diciembre de 2016.

2- La Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, previa intervención de la Jefatura de Gabinete de Ministros, podrá modificar la mencionada distribución de cargos.

3- Habrá un congelamiento de las vacantes y se realizará un censo de los trabajadores del Estado. Las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional no podrán efectuar contrataciones que superen la cantidad existente al 31 de diciembre de 2016″, aunque la Secretaría de Modernización podrá modificar dicha distribución.

4- Con posterioridad, se procederá a distribuir los cargos que se encuentren actualmente ocupados y las horas de cátedra; el resto, hasta alcanzar el número total de cargos fijados en el Artículo 6° de la Ley Nº 27.341, se reservarán en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

5- Se realizará una reestructuración del gasto público por finalidades y funciones que buscará reducir secretarias, subsecretarias, organismos del Estado y empresas de sector público y buscará unificar funciones duplicadas en un solo lugar, como los programas con las mismas finalidades que hay distintos ministerios. "Un ejemplo: la mayoría de los ministerios tienen área de empleo, finanzas y asuntos internacionales que se podrían fusionar en un solo organismo", comentó a Infobae una fuente del Gobierno.

6- Se dictarán cursos de capacitación del personal y habrá concursos para los mandos intermedios y se buscará simplificar los trámites que se vinculan con los organismos públicos. El objetivo es instalar una especie de lo que en el Gobierno definen como "meritocracia", con premios y castigos para los trabajadores estatales.

7- Se dará mayor importancia al Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) para las actividades de capacitación. Desde el Gobierno afirmaron a Infobae que "a fines de febrero estará totalmente renovado y allí se desarrollarán los cursos formativos. Los programas de formación provendrán de acuerdos con universidades nacionales y provinciales y los mismos podrán extenderse a empleados públicos provinciales y municipales que quieran adherir".

8- Con las tareas de capacitación se permitirá después la designación por concurso de los alrededor de 3.000 cargos de coordinadores y directores en la administración pública nacional que se deben renovar.

9- Se trabaja en la instrumentación de un plan de mejoras salariales que estarán atadas a la productividad en el Estado. Por el momento no se presentó un plan definitivo, la gran duda es como responderán los gremios estatales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Para la evaluación, en primer lugar se tomará en consideración el presentismo de los empleados públicos.

10- A partir de marzo se comenzarán a analizar las listas y a seleccionar alrededor de unos 300 casos para participar en los concursos. La idea es, no más de 15 por cada ministerio. "Los que están en esos cargos tendrán más posibilidades que el resto de los concursantes, porque ya conocen los cargos en los que están y si los eligen tendrán la posibilidad de tener un cargo estable" dicen desde el Gobierno. "Hay que descartar una ola de despidos en el Estado, sólo habrá una jerarquización del empleado público y en marzo se conocerá el modelo definitivo de Estado que queremos", comentan desde el Gobierno.

Se habla de "una gran cantidad de iniciativas para poder transformar la cultura organizativa dentro del sector público y para modernizar la administración pública". La novedad es que los primeros evaluados serán los funcionarios: ministros, secretarios y subsecretarios. Y habrá lo que en el Gobierno llaman un "tablero de control" a cargo de los ministerios de Hacienda y Modernización junto a los vicejefes de gabinete, Gustavo Lopetegui, y Mario Quintana. "En la Administración Pública Nacional no se fijaban objetivos, no había plazos, ni tampoco se hacia un seguimiento sobre los trabajadores, pero ahora lo vamos a hacer", comentan desde el Gobierno. En estudio está la imposibilidad de que un funcionario del Estado nombre a un familiar en una dependencia que dependa directamente de él.

Otra las novedades es que el salario podría determinarse a fin de cada mes en función del cumplimiento de esos objetivos. Esto será un pago adicional y si se cumplen los objetivos, el plus salarial podrá alcanzar, a fin de año, entre uno y dos salarios más.  Con respecto a este tema hay que destacar el acuerdo para Vaca Muerta elaborado por el senador Guillermo Pereyra, el líder del sindicato petrolero de Neuquén, que ata la evolución de los salarios con la eficiencia de los trabajadores ya que el Gobierno buscará extender ese tipo de acuerdo a otros sectores de la economía pero en particular al sector público nacional y también al provincial y municipal. La intención es calcular la productividad como una de las variables para determinar el salario. Este será uno de los puntos de discusión de la mesa de diálogo tripartita entre el Gobierno, la CGT y las distintas cámaras empresariales.

Agencias