El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fulminó anoche a la hasta ahora fiscal general del Estado en funciones, Sally Yates, por haber ordenado a todos sus subordinados que no defendieran en los tribunales el polémico veto del magnate contra refugiados e inmigrantes.

Yates era una sobreviviente de la era del expresidente Barack Obama que seguía en el cargo a la espera de que el Senado estadounidense confirme al nominado de Trump para la Fiscalía General, el controvertido senador republicano Jeff Sessions.

Todo empezó cuando la fiscal general envió una carta a todos los fiscales del Departamento de Justicia filtrada por los principales medios de comunicación del país en la que decía no estar "convencida" de que la orden ejecutiva firmada el viernes por Trump para luchar contra el terrorismo yihadista fuese "legal".

"Soy responsable de velar porque las posiciones que tomamos en los tribunales sean consistentes con la solemne obligación de esta institución de buscar la justicia y defender lo que es correcto", afirmó en la misiva la fiscal general en funciones.

"En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal", agregó.

Por eso, Yates ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan la orden ejecutiva en las demandas interpuestas en su contra en Virginia, Nueva York, Massachusetts, el estado de Washington y California, como mínimo.

"Mientras siga como fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentaré argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a menos y hasta que esté convencida de que sería apropiado hacerlo", concluyó Yates.

Esta posición llegaba después de la enorme controversia causada por la medida de Trump, que ha soliviantado a medio mundo y que llenó de protestas los principales aeropuertos del país durante el fin de semana.

Como es habitual, el magnate tardó poco en pronunciarse a través de Twitter sobre la decisión de Yates, aunque pareció resignado a esperar a Sessions: "Los demócratas están retrasando mis nominados para el Gabinete por razones puramente políticas. No tienen nada más que hacer sino obstruir. Ahora tengo una fiscal general de Obama".

Pero horas después el magnate optó por fulminar a Yates, a la que acusó de haber "traicionado" al Departamento de Justicia con su decisión y a la que llamó "débil" en lo que a seguridad fronteriza se refiere y "muy débil" frente a la inmigración ilegal.

"Ha llegado el momento de ponernos serios para proteger a nuestro país. Imponer un escrutinio más duro a individuos que viajan desde siete países peligrosos no es extremo. Es algo razonable y necesario para proteger a nuestro país", agregó en un comunicado la Casa Blanca.

Trump también relevó de su cargo al director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la agencia responsable de las deportaciones, Daniel Ragsdale, aunque en este caso no especificó los motivos y se desconoce si los despidos están relacionados.

El nuevo fiscal general en funciones mientras el Senado no confirma a Sessions es Dana Boente, hasta ahora fiscal para el distrito este del estado de Virginia y que se mostró "honrado" de trabajar para la Administración Trump.

Dana Boente, cuando era el Primer Fiscal Auxiliar del Distrito Este de Virginia. Deja la corte federal en Alexandria, Virginia, para asumir en reemplazo interino de Sally Quillian Yates. /AP Photo / Evan Vucci, Archivo)

"Defenderé y haré cumplir las leyes de nuestro país para asegurar que nuestra gente y nuestro país estén protegidos", dijo.

Este enfrentamiento entre Trump y la fiscal general llega el mismo día en el que Obama rompió su silencio desde su partida de la Casa Blanca al afirmar que "no está de acuerdo con la noción de discriminar a los individuos debido a su fe o religión", de acuerdo con su portavoz, Kevin Lewis.

El decreto ley de Trump suspende el ingreso al país de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.

EFE