Por cuestiones presupuestarias, la creación de un fuero migratorio que agilice los trámites de expulsión de extranjeros que delinquen va a quedar para más adelante. Esa fue la conclusión a la que llegaron ayer en el Gobierno al cabo de una reunión clave que mantuvieron funcionarios de las áreas encargadas de llevar adelante la nueva política migratoria que trazó el Presidente. Pero, al mismo tiempo, la Casa Rosada decidió buscar el apoyo de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de conseguir la creación de secretarías ad hoc que se encarguen de intervenir en temas migratorios y sirvan para garantizar, cuanto antes, la aplicación plena del decreto de necesidad y urgencia firmado días atrás por Mauricio Macri.

En el Gobierno, tal como reflejó Clarín días atrás, había sectores que impulsaban la creación del fuero migratorio, en línea con lo que contempla el artículo 98 de la Ley 25.871 de Migraciones. Lo consideraban clave para descomprimir al fuero contencioso administrativo federal, donde actualmente se tramitan las causas relacionadas a temas migratorios.

Es que, a partir del DNU 70/17, los jueces tendrán apenas tres días hábiles para resolver en torno al “Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo” que se prevé cuando el Ejecutivo decide expulsar a un extranjero del país. Un plazo que, en la práctica, puede llegar a ser difícil de cumplir.

Lógicamente, el más interesado en avanzar con un fuero especial era el director de Migraciones Horacio García, quien incluso, con el aval del ministro del Interior Rogelio Frigerio, había delineado un borrador con las distintas problemáticas que se enfrentaba su organismo al momento de concretar las expulsiones de extranjeros. “No puede ser que algunos procesos de expulsión tarden hasta siete años. Vamos a necesiitar el apoyo de la Justicia”, se quejó la semana pasada.

Pero la postura de Migraciones encontraba algunos reparos, especialmente en el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano. “Poner en marcha un nuevo fuero requiere, además de una fuerte inversión presupuestaria, mucho tiempo: puede llegar a tardar varios años desde que presentás el proyecto”, señalaban en el edificio de calle Sarmiento. A esto se le sumó que, en un año electoral, el Gobierno iba a quedar expuesto a la voluntad de la oposición en el Congreso para aprobar la ley.

El debate se terminó el martes a la noche, en una reunión entre ambas partes a la que también se sumaron representantes de Seguridad. Allí Esteban Conte Grand, jefe de Gabinete de Garavano, expuso las razones de su ministerio y propuso una nueva estrategia: crear secretarías especializadas en la materia, según las necesidades de Migraciones. Y hubo acuerdo.

Así, en los próximos días, mientras García prepara un informe más detallado sobre la cantidad de causas que, estima, pueden llegar a surgir a partir de las nuevas medidas; funcionarios del Ministerio de Justicia iniciarán los contactos con la Corte Suprema de Justicia: necesitan que allane el camino creando las dependencias en distintos puntos del país. En principio, la intención es que haya una por cada Cámara Federal. “Pero son ellos los que deciden y tendrán la última palabra”, aclaran en Balcarce 50.

¿Qué responderá la Corte? En el Gobierno son optimistas: destacan el diálogo institucional con el Alto Tribunal y apuntan que, en este tema, “ayuda el respaldo” público de referentes de la oposición, como el líder del Frente Renovador Sergio Massa, el jefe de los senadores peronistas Miguel Angel Pichetto y hasta sectores K. Más luego de que el Presidente decidiera endurecer la política migratoria a través de un decreto, salteando al Congreso.

La idea de crear una Policía Migratoria está en análisis. “Está verde por ahora, va a quedar para una segunda etapa”, aclararon en Casa Rosada. Fuente:Ignacio Ortelli