El presidente Mauricio Macri dispuso la creación de la Comisión para la Reforma del Código Penal que estará presidida por el juez federal de la Cámara de Casación Penal, Hernán Borinsky, y tendrá a su cargo la elaboración del anteproyecto de ley de reforma y actualización del Código Penal de la Nación.

El decreto 103/2017 publicado hoy el Boletín Oficial, establece que la comisión estará formada además por Carlos Mauricio González Guerra como secretario, Pablo Nicolás Turano (secretario adjunto), Carlos Alberto Mahiques, Patricia Marcela Llerena, Daniel Erbetta, Víctor María Vélez, Pablo López Viñals, Guillermo Jorge Yacobucci, Fernando Jorge Córdoba y Patricia Susana Ziffer.

La nueva comisión, creada en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desarrollará su labor ‘ad honorem‘ y contará también con un representante del Ministerio de Seguridad y otro del Ministerio de Desarrollo Social que deberán ser designados en un plazo de cinco días a partir de hoy.
El Código Penal promulgado en 1921 mediante la ley 11.179, entró en vigencia 1922 y desde entonces fue objeto de distintas reformas parciales mediante leyes y decretos. 

Con el fin de abordar una reforma integral, en 2004 se creó la comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma y actualización, formada por especialistas notables que no alcanzaron el propósito y el último intento fue en 2012 con la creación de otra comisión que tampoco logró su cometido, señala el texto.

La última comisión estuvo formada por el entonces diputado nacional Federico Pinedo (PRO), los juristas Eugenio Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian y la ex legisladora socialista María Elena Barbagelata, quienes en 2014 entregaron un anteproyecto para su debate en el Congreso.

En los fundamentos del decreto publicado hoy, se indica que la tarea de esta nueva comisión será “tener en consideración, por un lado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otro los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales”.