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DEPORTES

3 de marzo de 2017

Se termino FPT: un grifo sin control de $11.000 millones

La AFA debía cuidar que el dinero fuera a los clubes para política social y deportiva, y saldar las deudas de esas entidades con la Asociación y con el Estado nacional. Hoy deben más del doble. Hay denuncias por defraudaciones por más de $1.000 millones.

Finalmente ayer el Gobierno nacional giró a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) los últimos 350 millones de pesos prometidos y ya el programa Futbol Para Todos (FPT), al menos en su primera etapa, es historia. 

Según reza la Decisión Administrativa 150/2017 publicada ayer en el Boletín Oficial, se ratifica la "rescisión bilateral" de fecha 24 de febrero de 2017 del "Contrato de Asociación entre la jefatura de Gabinete de ministros con la Asociación del Fútbol Argentino, para la transmisión de espectáculos de fútbol por televisión abierta y gratuita, de fecha 20 de agosto de 2009". Entre los considerandos de la medida quedó fijado que "las partes acordaron en el acta acuerdo de rescisión bilateral la entrega de la suma de $350.000.000 por parte del Estado Nacional a la AFA, en virtud de la rescisión que se acuerda y conforme a los derechos y obligaciones de ambas partes". La aventura del fútbol público comenzó en agosto de 2009, duró siete años y siete meses, y tuvo un costo mínimo de 10.897 millones de pesos aportados 100% por dinero proveniente de las arcas fiscales. En otras palabras, le costó a las arcas del Estado unos $120 millones mensuales o 4 millones de pesos diarios, que podrían llegar a los 5 millones si se suma el total del dinero que el sector público le giró a la Asociación por la televisación de la Selección argentina y otros torneos internacionales. 

Según los números de la propia AFA, el Estado nacional envió en el primer año de vigencia del FPT; oficialmente el Estado comenzó girando a la AFA unos $600 millones en 2009, 854 millones en 2010, 879 millones en 2011, 1.182 millones en 2012, 1.201 millones en 2013, 1.667 millones en 2014, 1.664 millones en 2015 y unos 2.500 millones en 2016 (300 millones obedecen a una deuda pendiente de 2015). A este dinero hay que sumar los $350 millones que se liquidaron ayer; mientras que no se tienen en cuenta los millones de pesos que se giraron para la televisación de la Selección de futbol argentino. 

La idea original con la que fue justificado el lanzamiento del plan en aquel agosto de 2009 era que a partir del dinero que se derivaría a la AFA y de ahí a los clubes de futbol de todas las divisiones, comenzaría una política social de traslación de esos fondos hacia cada uno de los barrios o comunidades donde la institución estaba instalada; con la obligación que se fomente el acercamiento de la sociedad a los clubes y se haga política deportiva y educativa. Además los clubes debían cancelar las deudas previsionales (megamillonarias en ese 2009), con los jugadores y empleados de las instituciones y comprometerse a invertir en infraestructura, no sólo en futbol sino en otros deportes. Siempre apuntando a que el club se convierta en el faro hacia donde los niños y adolescentes de toda una comunidad concurrirían para absorber parte de la inversión social que se concretaría. La realidad fue muy diferente. Según lo que se pactó en ese 2009 entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la AFA (que aceptaba que los fines del dinero debían ser sociales, educativos y deportivos y nunca en beneficio único de la actividad futbolística profesional) tendría el monopolio del control del destino de los fondos y desde el Estado nacional sólo se le podía pedir explicaciones al titular de la organización madre del fútbol local. Sólo la AFA, dirigida por Humberto Grondona, podría ejercer además la fiscalización interna en los propios clubes, tarea que, por lo demás, nunca fue estipulada organizativamente sobre cómo se ejercería en la practica. La realidad terminó siendo que en la mayoría de los casos, los clubes utilizaron el dinero exclusivamente para gastarlo en su equipo de futbol profesional. Esto, en el mejor de los casos. Según las denuncia que lleva adelante la legisladora porteña Graciela Ocaña, habría ya prueba de delitos fiscales por 9.000 millones de pesos, la mayoría por movimientos ilegales del dinero enviado por el Estado a la AFA, desde donde se habría utilizado el dinero para maniobras de lavado de dinero, transferencias a terceros o simplemente pagos a los clubes en cheques con descuentos que podrían llegar hasta el 80%. Según Ocaña, "la plata entraba a la AFA y, según correspondía, debía darle a cada club. Pero a pesar de que había un acuerdo entre los clubes sobre cuánto le tocaba a cada uno, tenían una cuestión: si vos eras 'amigo', entonces te daban el cheque o te adelantaban 10 cuotas del 'Fútbol para Todos'. Y si no, no te pagaban o te pagaban con un cheque a 180 días". 

Al final de la historia del FPT, los clubes no sólo no redujeron el déficit original de 500 millones de pesos, sobre el que se justificó el plan, sino que según los datos de la propia AFA, la deuda total con el organismo rector del futbol superaría hoy los $1.500 millones.



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