La prórroga del Sinceramiento Fiscal está en ciernes y por la premura, los tiempos no darían para un proyecto de ley que se debata en el Congreso en tiempo oportuno a los fines de modificar las fechas estipuladas para su vencimiento, de manera tal que la extensión del término para el acogimiento se implementaría a través de un decreto de necesidad y urgencia que se estaría elaborando entre los asesores de la AFIP y el Ministerio de Hacienda. Se trataría de un corrimiento del plazo, no sólo del pago.

El blanqueo se extendería hasta el 30 de abril -presentación y pago- y la moratoria hasta el 31 de mayo, admitiendo (para la moratoria) la incorporación de deudas hasta el 31 de diciembre de 2016 lo que amplía el universo de sujetos que podrán regularizar deudas pagando en cuotas, ya que con la normativa actual se admitían las obligaciones vencidas hasta el 31 de mayo 2016.

En lo que respecta al blanqueo se podrán exteriorizar bienes en los términos que dispone la Ley 27.260, es decir que solamente habrá un mayor plazo para incorporarse.

Desde ya que esta prórroga puede resultar beneficiosa tanto para la administración como para los contribuyentes y también para los contadores (algunos desbordados), quienes ya lo habían solicitado al administrador federal, Alberto Abad, en el mes de febrero a través de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE) que reúne a todos los Colegios de Graduados en Ciencias Económicas del país.

Con la extensión del plazo el Gobierno también sumará dineros frescos y genuinos, evitando en parte el endeudamiento. 

Al lunes 2 de enero, Abad había informado que se registraron 97.842 millones de dólares en el blanqueo de capitales y había manifestado su confianza en que ese monto crezca con fuerza al 31 de marzo, fecha prevista originalmente para el cierre del plan de Sinceramiento Fiscal.

En tanto, que hace pocos días el presidente Mauricio Macri sostuvo que "un claro ejemplo de que la confianza aumenta es el éxito del sinceramiento fiscal. Al 31 de enero recaudamos casi 115.000 millones de pesos, los que nos permitirá hacer los pagos de la reparación histórica a los jubilados".