El fiscal Carlos Rívolo pidió hoy investigar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por su intervención en la polémica compra de un edificio para su organismo. Rívolo mandó a sorteo una denuncia preliminar que había hecho y que recayó en el juzgado de Julián Ercolini y en el mismo Rívolo, revelaron fuentes judiciales. La denuncia la firmó el fiscal Guillermo Marijuan porque Rívolo se encuentra de licencia. Además, Marijuán hizo el correspondiente requerimiento de instrucción por lo cual Gils Carbó quedó imputada. Ercolini decretó el secreto de sumario en la causa.

Rívolo sospecha que su jefa direccionó la compra de un edificio para favorecer a una empresa que estaría vinculada a su ex esposo Héctor Alonso, y que cobró una comisión por intermediación de más de 8 millones de pesos como intermediaria de la venta.

La imputación complica a Gils Carbó a quien el gobierno quiere iniciar un juicio politico en el Congreso para lograr su destitución.

La comisión pagada quintuplica el promedio para este tipo de operaciones.

La denuncia es por las operaciones realizadas para la adquisición de un nuevo edificio para el ministerio Público. En diciembre del 2012, GIls Carbó firmó el expediente A 8798/2012 que puso en marcha una licitación pública para la compra de la propiedad. Con el procedimiento administrativo, se adjudicó la licitación a una empresa que ofreció un edificio ubicado en Alsina 872 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sorpresivamente, el 28 de diciembre del 2012 mediante una polémica resolución -la 1022- Gils Carbó dejó sin efecto la licitación. Las polémicas razones esgrimidas en esa resolución se deben a que esa licitación “excedería” el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Así afirmó que “habiendo vencido el actual ejercicio prespuestario, se carecería del financiamiento respectivo, con la consiguiente nulidad del acto de adjudicación que comprometería a este organismo a pagar sumas de dinero sin el respectivo respaldo presupuestario”.

Según la información recogida por Rívolo, la procuradora había desistido de una anterior compra para evitar el pago de comisión. En la operación del edificio en cuestión, ubicado en Perón 667, la firma vendedora, Alfinsa SA, pagó a Jaureguiberry -también denunciada por el Fiscal- casi 4 millones de dólares en ese concepto y supuestamente por ambas partes. Ese monto según explicaron fuentes judiciales, "correspondería con el 18% de la operación cuando lo normal es que se destinen a ese rubro entre 3 y 5 puntos de la transacción entre ambas partes".

Como consecuencia de esa extraña decisión, Gils Carbó tuvo que devolver al Gobierno 30 millones de pesos. “Esta arbitraria decisión provocó también un serio perjuicio para el dueño del edificio de Alsina 872, inmueble que estaba preadjudicado”, afirmaron los denunciantes.

Fuente:Daniel Santoro