Un año después de que saliera a la luz la deuda tributaria por más de $ 8000 millones que acumulaban Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, la Justicia allanó otra vez sus empresas. Así lo ordenó la jueza en lo penal económico Verónica Straccia, por la presunta insolvencia fiscal fraudulenta y la apropiación indebida de aportes previsionales y retenciones impositivas.

Los allanamientos abarcaron doce domicilios de empresas del Grupo Indalo en las ciudades de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Rosario y la provincia de Catamarca, en busca de documentos de relevancia para la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario.

En Catamarca, López es propietario de la planta industrial de Aceite de Oliva Indalo, que opera en Pomán. 

López y De Sousa retuvieron los aportes previsionales de los empleados de múltiples empresas del Grupo Indalo por cifras superiores a los $ 300 millones.

Esa retención respondió a una decisión estratégica de los dueños del Grupo Indalo, que optaron por destinar lo "ahorrado" en sus empresas a comprar nuevas firmas o financiar operaciones de las que ya tenían.

Para eso, también retuvieron otros fondos: $ 8000 millones en concepto del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), $ 250 millones del cobro de peajes como concesionario de autopistas y otros $ 520 millones correspondientes a multas pendientes.Agencias