Al día siguiente del paro de la CGT, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo volvieron a sentarse a negociar.

En medio de la presión que el Gobierno busca poner a los gremios luego de la medida de fuerza, en la agenda de corto plazo figuran diez acuerdos de competitividad del estilo del firmado por Vaca Muerta. Y buscan avanzar con una medida de mayor alcance: una moratoria o blanqueo para regularizar la situación de unos 4,5 millones de trabajadores que están en negro.

El paro del jueves fue contundente, sobre todo en la Capital. Pesó mucho que adhiriera el transporte. En la cúpula de la CGT aseguran que cumplieron dos de sus tres objetivos: las paritarias “ya se firman por arriba del 20%, no al 18%” y “ya se discute que no se crea empleo”, señalan, aunque “aún no hay el control a importaciones que reclamamos”. Pero el saldo no terminó de ser una suma neta para los sindicalistas.

El Gobierno salió envalentonado, basándose en un inestable triunfo con los docentes bonaerenses y en encuestas que muestran rechazo a la medida de fuerza. Por eso el viernes Mauricio Macri planteó: “Siento que no paró el país, al contrario, se activó lo más importante que tenemos en discusión, fue un activador del cambio, porque vivimos como nunca antes una toma de conciencia, una profundización del debate sobre lo que sirve para construir el futuro”.

El mismo viernes, 24 horas después del paro, y mientras el Presidente decía esas palabras, el ministro de Trabajo Jorge Triaca sentaba en su despacho a gremios de peso a discutir uno a uno condiciones laborales. “Quiero volver a avanzar con los convenios de productividad”, dijo el funcionario. Esto es, acuerdos como el que se firmó por Vaca Muerta, donde el Estado cede recaudación impositiva, los empresarios comprometen inversiones y los sindicatos aceptan flexibilizaciones laborales. En las últimas semanas se firmaron acuerdos similares con automotrices, construcción, calzado y textiles. Cada uno con un acto de corte político donde Macri aparece en fotos con sindicalistas.

El próximo será para el sector de las motos: se firmará la semana que viene o la siguiente. Y luego energías renovables, acero, petroquímica, aluminio, biotecnología, ganadería, lechería, servicios económicos y minería. En la discusión están implicados gremios como UOM, Smata, petroleros o UOCRA.

Es que pese al paro del jueves, el Gobierno se siente hoy en una posición de fuerza. Pesó que los sindicatos bonaerenses tuvieran que levantar el paro luego de la caída de la adhesión a la medida y una doble amenaza oficial: millonarias multas y quita de personería por no haber cumplido la conciliación obligatoria. Además, una encuesta encargada por la Casa Rosada resaltò que el 56% por ciento de los consultados no estaba de acuerdo con el paro, contra un 37% que lo apoyaba. Y luego está la presión aplicada el mismo día de la medida de fuerza por el propio Triaca.

El jueves, Trabajo publicó una serie de “recomendaciones” para las elecciones sindicales. Son tres puntos principales: exige más transparencia (voto electrónico, boleta única), reclama el cupo femenino, y deja en claro que no podrá ser candidato quien tenga una inhibición judicial (un fallo en contra, en primera instancia).

Trabajo está dispuesto a exigir el cumplimiento de esas recomendaciones, y tiene una carta fuerte: para que una elección sea válida debe haber sido verificada por los veedores del ministerio. “Y si no se cumple con las reglas, no los mandaremos”, escucharon los sindicalistas en el edificio de Avenida Alem.

En ese contexto, el Gobierno ahora quiere redoblar la apuesta e introducir en la mesa de negociación un tema que ya había empezado a hablar el año pasado con la CGT: una moratoria o blanqueo de los trabajadores no registrados, en negro.

El 33,6% de los trabajadores no tiene aportes previsionales ni a la obra social. Son unas 4,5 millones de personas. El mismo día del paro, como informó Clarín, Triaca anunció ante empresarios que buscaría discutir este planteo con los sindicalistas. Ahora apura esa negociación. Quiere ser quien tenga el control de la agenda.

Desde los gremios aseguran que aún no han recibido una cita por este tema, que sí se discutió a principios de año. "El problema es que si hay un perdón por los aportes no realizados por la patronal, debe haber una ley, porque es un tema impositivo", señalaron en un gremio. Otros plantean que el empleador, a cambio de ese beneficio, debe comprometerse a mantener la nómina salarial por al menos 5 años. Y que hay que garantizar al trabajador que se le computen los años de aportes aunque no hayan sido pagados.

Existen dos posibilidades al respecto. Que se trate de una moratoria, en la cual los empleadores puedan regularizar la situación con facilidades. O directamente un blanqueo, con perdón de las deudas y las multas. Dado el éxito del blanqueo de capitales cerrado a fin de marzo, el Gobierno se inclinaría por esta última. Y trataría de acompañar la iniciativa con la recuperación de la Ley de Primer Empleo, que fuera hasta ahora demorada en el Congreso y que implica reducción de la carga previsional para trabajadores jóvenes.

Triaca se ha propuesto el blanqueo de unos 300.000 trabajadores anuales. Eso implicaría más recaudación impositiva y para las obras sociales. Pero, sobre todo, sentar a la mesa a la CGT a discutir el tema seŕía un cierre político al paro, cambiar conflicto por diálogo. Aunque ambas partes en público aún se muestren los dientes.