La sala I de la Cámara Federal acaba de confirmar su procesamiento por la compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal.

Hasta el camarista Eduardo Freiler -cuyo juicio político en el Consejo de la Magistratura es inminente- opinó que "el Ministro (De Vido) conocía las consecuencias posibles de la falta de control de desembolsos patrimoniales ingentes y, sin embargo, continuó con el plan sin realizar controles y firmando nuevos convenios que determinaban nuevas erogaciones”. Recordemos: por esta causa están procesados y presos el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su lobbista y posible testaferro, Manuel Vázquez.

“Se ha comprado material ferroviario caro, viejo y con características y condiciones que de antemano no serían aptas para las vías existentes en el país y el sistema ferroviario nacional”, continúa Freiler.

Su colega Lepoldo Bruglia, que completó la sala como subrogante hace unos meses, recordó que "Julio De Vido junto con su consorte de causa Ricardo Raúl Jaime –ya procesado- llevaron a cabo la administración fraudulenta en perjuicio del erario público, quien pagó a las empresas españolas y de Portugal un precio descomunal por material rodante adquirido de una calidad evidentemente inferior a la del valor pagado. Las sumas de dinero emanadas del Estado Nacional resultaron ser de euros 76.3 millones de euros en el caso de las firmas españolas y euros 25.639.896 para la empresa de Portugal."

En cuanto a la responsabilidad del ex ministro, Bruglia consideró que "Julio De Vido, como superior de Jaime, suscribió los convenios, contratos y decretos señalados y también omitió todo contralor de esta actividad, llevada cabo por la Secretaría de Transporte que se hallaba bajo su esfera funcional, con dependencia y reporte directos y, que además por los montos dinerarios que insumió no podía pasar desapercibida para el nombrado de conformidad con la función que desempeñaba."

En julio del año pasado, el juez Julián Ercolini había procesado al ex ministro de Planificación Julio De Vido, y embargó sus bienes en cien millones de pesos, bajo la acusación de haber cometido administración fraudulenta contra el Estado y haber cobrado coimas.

La causa, iniciada en junio de 2013, recibió un nuevo impulso tras la incorporación como querellante de la Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso.

Fuente:Claudio Savoìa