Máximo y Florencia Kirchner apelaron el procesamiento del juez Claudio Bonadio en la causa Los Sauces SA. Responsables de "ser jefes de una banda" destinada a "recibir retornos disfrazados en forma de alquiler", según el fallo del magistrado, los hijos de la ex Presidenta fueron acusados por asociación ilícita y lavado de dinero, además de negocios incompatibles. Su abogado Carlos Beraldi sostuvo que la causa responde a "un mero montaje judicial para lograr alto impacto mediático". Además, de pedir la nulidad de la resolución, lo que incluye el embargo millonario que les fue trabado. Reiteraron en los que escritos, al igual que Cristina Kirchner, que hay “falta de fundamentación fáctica y jurídica”.

La semana pasada Bonadio procesó a las 21 personas indagadas en la causa Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner denunciada por la diputada Margarita Stolbizer. La medida incluyó a Máximo y Florencia Kirchner, accionistas y directores de la firma investigada por lavado de activos, negocios incompatibles y asociación ilícita. Los hijos de la ex mandataria fueron procesados por primera vez y se les determinó un embargo de 130 y 100 millones de pesos.

Dentro del plazo correspondiente, el abogado de la familia -Carlos Beraldi- apeló la resolución del juez, señalando en sus escritos que la resolución "es nula e ilegítima porque el magistrado es incompetente para intervenir en la investigación". Este punto fue planteado por la ex Presidenta, quien apuntó contra Bonadio porque se declaró incompetente en la causa y pidió que la investigación continúe en el juzgado del juez Julián Ercolini. Este magistrado ya había procesado a Cristina Kirchner por asociación ilícita en la causa sobre la corrupción en la obra pública.

Señalados como "jefes" y parte de "una banda" dedicada a "recibir dinero como pago a retorno de la concesión" de obra pública y concesiones del juego, el Juez consideró que los Kirchner fueron responsables de “impartir las directivas de esta organización delictiva” con el objeto de percibir dinero “ilegítimo a fin de darle apariencia lícita".

Al respecto, los hermanos Kirchner consideraron que todo se trató de "un mero montaje judicial para lograr alto impacto mediático". Una idea similar a la que había vertido su madre, quien dijo que todo buscó "ocasionar estrépito en la opinión pública" y que en consecuencia, resultó ser "un mero montaje que inevitablemente iba a concluir como se imaginaba: con el dictado de un procesamiento, decisión que naturalmente ya estaba tomada desde el inicio mismo del proceso".

Sobre las acusaciones, la defensa del diputado de La Cámpora señaló que "no se explica siquiera someramente cuál es la razón que conduce a concluir que Máximo Kirchner habría formado parte de un acuerdo de voluntades que haría a la supuesta asociación ilícita , ni mucho menos cuál es el criterio valorado a los efectos de asignarle el rol de jefe de esa banda".

Según Bonadio, el líder camporista fue responsable "de celebrar, en algunos casos, los contratos de alquiler de los inmuebles, y de depositar en las cuentas del Banco de Santa Cruz y del Banco de la Nación Argentina, los pagos recibidos por parte de las empresas" de Lázaro Báez y Cristóbal López (principales inquilinos de Los Sauces SA), y de realizar millonarias operaciones "sin el respaldo documental ni justificación necesaria".

En su escrito, Máximo Kirchner señaló que todas las operaciones celebradas por él "fueron en cumplimiento de los deberes de su cargo" y que por lo tanto fueron "legítimas". Respecto a su condición de diputado nacional, cargo que comenzó a desempeñar a fines de 2015, Beraldi señaló que "sólo la voluntad del magistrado de colocar antojadizamente como fecha de finalización de la 'banda' el 14 de diciembre de 2016 permite compatibilizar en el tiempo la presunta operatoria de lavado de activos con la actividad legislativa de Máximo Kirchner".

Respecto a Florencia Kirchner, Bonadio remarcó que tras la muerte de su padre y como miembro del directorio y empleada de esa firma -fue nombrada gerente de Los Sauces SA-, recibió en su cuenta del Banco Galicia (N° 4021118-4198-7), 3,7 millones de pesos proveniente de la inmobiliaria y de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner. Fue nombrada también como "jefa" de la sociedad con "poder de decisión" en la empresa. El juez consideró que tuvo un "carácter preponderante en las decisiones de la sociedad, a la cual ingresó tras la muerte de Néstor Carlos Kirchner". 

La réplica de la defensa indicó que se tomaron -respecto a la hija de la ex Presidenta-, "se retomaron criterios propios de la edad media, al sostenerse que debería responder por supuestos delitos cometidos por su padre fallecido al heredarlo". Señaló en consecuencia, que el procesamiento de Florencia Kirchner, que tiene un embargo de 100 millones de pesos "constituye un verdadero sinsentido, sólo explicable a partir de la campaña de persecución y hostigamiento que viene padeciendo junto a su familia".

Fuente:Lucìa Salinas