“Llegó el fin del mundo”, “El comienzo del fin”; “Septicemia republicana”; “El país en terapia intensiva”. Estos son algunos de los títulos de hoy, tamaño “catástrofe”, que publican los principales medios brasileños. Quien se levantó temprano a buscar los diarios –todavía los hay—quedó en estado de shock. Y el mundo empresarial se sumió en una profunda incertidumbre y miedo de parálisis. Es que el gobierno de Michel Temer está sitiado por la justicia. Ocho ministros; 9 gobernadores; 24 senadores (es decir, casi un tercio de la Cámara Alta) y 42 diputados; los últimos tres ex presidentes y la elite política, fueron acusados de corrupción y procesados por el juez de la Corte Suprema Edson Fachin, por recibir “beneficios” de las coimas pagas por el grupo Odebrecht.

Entre los ex mandatarios figuran: Fernando Henrique Cardoso, del Partido Socialdemócrata de Brasil; y Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores. El comando del Congreso nacional quedó diezmado: están en la lista de los que habrían cobrado coimas el titular del Senado Eunício de Oliveira y el jefe de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia. De los ministros, la nómina incluye a funcionarios claves de Temer: el de Relaciones Exteriores Aloysio Nunes Ferreira; el jefe del gabinete Eliseu Padilha; el secretario general de la Presidencia Wellington Moreira Franco y el Agricultura Blairo Maggi. En el Senado están involucrados los principales líderes partidarios: Aécio Neves, de la socialdemocracia; Romero Jucá, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB, partido de Temer); Renan Calheiros (del PMDB); José Serra, quien fue también canciller hasta febrero último (del PSDB); Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores y su colega Humberto Costa (también del PT).

La llamada “Lista de Fachin” contiene, en su totalidad, los nombres de 98 personas. Será la Corte Suprema la que juzgue a la mayoría. Otros como Cardoso, Lula y Dilma, deberán responder en la justicia federal ordinaria, por no contar con lo que aquí se denomina “foro privilegiado”, es decir la inmunidad que deriva de ser parlamentario, ministro, gobernador o intendente.

En el caso del presidente Michel Temer, este forma parte de los políticos sospechados de incurrir en “irregularidades” (corrupción). Pero no fue procesado por cuenta de una cláusula de la Constitución brasileña que impide juzgar a un jefe de Estado por delitos cometidos fuera de su mandato.

El ministro Edson Fachin decidió procesar de hecho a la crema del mundo político brasileño, y fue sobre la base de las profusas delaciones de los ejecutivos y ex ejecutivos del holding Odebrecht.

Entre estos testimonios de los delatores se cuenta el del pope de la constructora Emilio Odebrecht, quien denunció a Cardoso. En cuanto a su hijo Marcelo, este puso el foco en Lula. Entre los gobernadores involucrados está Geraldo Alckmin, de San Pablo y Beto Richa, de Paraná. Estos dos mandatarios estaduales serán juzgados, junto con otros, en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Agencias