Después de la polémica que generó el anteproyecto de reforma del Código Penal, el Gobierno dio señales para reimpulsar el debate cuando pase el vendaval del conflicto con los fondos buitre. La opción es que el nuevo texto ingrese antes de fin de año, para su tratamiento, en el Congreso.

El 5 de julio pasado venció el plazo que había fijado el Ministerio de Justicia para la presentación de propuestas, luego de que tras la fuerte discusión que generó la iniciativa la Casa Rosada decidiera enfriar su tratamiento y enviara el anteproyecto a las universidades, para conseguir más consenso.

Según supo LA NACION de fuentes oficiales y con acceso a la redacción de la iniciativa, a fin de mes se volverá a convocar a la comisión que ideó la reforma, bajo la presidencia del juez Raúl Zaffaroni, de la Corte Suprema. El ministro volverá al país tras su paso por Alemania y reunirá a los miembros del organismo que redactó el texto original. Integran esa comisión el diputado Federico Pinedo (Pro), los ex legisladores de la UCR, Ricardo Gil Lavedra y María Elena Barbagelata (socialismo) y el ex ministro bonaerense León Arslanian.

Cuando estalló la polémica sobre la reforma, rechazada con dureza por el diputado Sergio Massa, el Gobierno congeló la iniciativa y la envió a las universidades públicas y privadas de todo el país, que tenían 90 días para sumar propuestas. Ese tiempo venció y el Gobierno extendió el plazo para incorporar al proyecto la mayor cantidad de apoyos académicos.

Cautelosa ante el impulso negativo que había tomado en la opinión pública la campaña que instauró el líder del Frente Renovador para juntar firmas y frenar la reforma, Cristina Kirchner decidió dejar pasar el tiempo y enfriar el debate.

Pero una carta la motivó a reimpulsarlo. Fue la del papa Francisco, que hace poco más de un mes manifestó su negativa al endurecimiento de penas como fórmula para combatir la inseguridad. La carta llegó después de que Francisco recibiera en Santa Marta al coordinador de la comisión de reforma del Código Penal, Roberto Carlés. La misiva la envió a los participantes del XIX Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal y del III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, dio la señal de largada para reinstalar el plan, según supo LA NACION.

Desde la Casa Rosada leyeron el mensaje del Papa como un guiño para poder avanzar y ahora intentarán que este año llegue la iniciativa al Congreso. "Se había frenado porque no había clima. Fue muy dura la campaña en contra", explicaron en el Gobierno. Sin urgencias, ahora la idea es sacarlo este año. El oficialismo es consciente de que una reforma de ese tipo no podrá avanzar en un período electoral. "Buscamos desdramatizar la discusión y darle seriedad académica", agregó un funcionario para explicar la impasse que le había dado la Casa Rosada al tema.

La política partidaria jugó fuerte cuando se conoció la reforma, sobre todo por el rechazo de Massa, que cuestionó las modificaciones por considerar que rebajaban penas por delitos graves. Esa crítica fue rechazada por la mayoría de los autores del anteproyecto, incluidos los opositores, a excepción de Pinedo, que manifestó su disidencia con algunas partes del texto, como la eliminación de la reincidencia, el más resistido de los cambios. Las otras reformas criticadas fueron la baja de penas en algunos casos puntuales, como el delito de trata de menores, en el que se reduce solo la mínima y se mantiene en 15 años la máxima; el robo agravado, que baja de 15 a 12 años de pena máxima, y el tráfico de estupefacientes, que pasaría de 15 a 10 años.

La comisión volverá a reunirse el mes próximo. Con las propuestas recibidas, reelaborará el anteproyecto para después presentárselo al Poder Ejecutivo, que es quien lo eleva al Congreso previa revisión.

La reforma recién podría llegar al Congreso entre octubre y noviembre. Y aunque hoy la preocupación central está puesta en la resolución del conflicto por la posible entrada en default técnico, la Casa Rosada reconoce que el año próximo es imposible debatirlo en medio del fragor electoral.