El Senado sesionará este martes desde las 10 para tratar un proyecto que declara la emergencia en una decena de provincias afectadas por las inundaciones producto de las intensas lluvias, y ordena la asistencia económica y financiera de la Nación, además de garantizar exenciones impositivas a las familias.

La Cámara alta debatirá esta iniciativa desde las 10, antes de recibir al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien brindará su informe de gestión a partir de las 11, por lo que se estima una discusión breve. El tema fue tratado la semana pasada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se firmaron dos dictámenes.

El proyecto que obtuvo la mayoría de adhesiones, y que tiene más chances de prosperar, declara la zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social por el término de 180 días en distintos partidos, departamentos, localidades y parajes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, Misiones, Chubut, Tucumán, Río Negro, La Pampa, Salta y Jujuy.

Ese plazo podrá ser prorrogado por el mismo lapso por el Poder Ejecutivo, el que también podrá extender la emergencia a otras zonas inundadas no contempladas en el texto.

De acuerdo al proyecto, el PEN deberá constituir en el plazo de 30 días un fondo especial, con aportes del Tesoro Nacional, para afrontar la asistencia a los damnificados y la reconstrucción de las economías afectadas. Estas partidas serán distribuidas de acuerdo a los objetivos y prioridades que se fijen en coordinación con las provincias y los municipios afectados.

Además, el Ejecutivo tendrá que destinar fondos adicionales a la cobertura de planes sociales en las zonas afectadas mientras dure la emergencia, como así también deberá adoptar las medidas necesarias para preservar y restablecer las relaciones laborales.

Por último, se prevé la necesidad de adoptar medidas de asistencia técnica y financiera destinadas a la recomposición de la capacidad productiva de comercios y empresas.

A través de la AFIP y la ANSES, también se ordena instrumentar regímenes especiales de pago que abarquen a los contribuyentes afectados, lo que incluye prórrogas de vencimientos, suspensión de juicios de ejecución fiscal y exención de los impuestos a los Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta.

La provincia más afectada por los desbordes fue Chubut, y los departamentos y ciudades contemplados en el proyecto son los de Viedma, Escalante, Florentino Ameghino, Rawson, Sarmiento, Telsen, Gastre, Paso de los Indios y Mártires, y las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Rada Tilly.

En Buenos Aires, la ayuda llegaría a Arrecifes, General Pueyrredón, General Villegas, Junín, Pergamino, Salliqueló y Salto; en Catamarca, a Valle Viejo, Paclín, Santa Rosa, El Alto, Ambato y Fray Mamerto Esquiú; y en Santa Fe, las zonas incluidas son las de La Picasa, General López, Caseros y Coronda.

En el caso de Misiones se contempla a las localidades de Capioví, Campo Ramón, Santo Pipó, Alem, Colonia Alberdi y Cerro Azul; en Tucumán, las de Simoca, Graneros, Alberdi, La Cocha, La Invernada, La Madrid y Taco Ralo; y en Río Negro, al paraje de Pichi Mahuida.

La Pampa es otra de las provincias afectadas y las localidades incluidas son las de la capital, Santa Rosa, el parque recreativo Laguna Don Tomás, Atreucó, Catriló, Chapaleufú, Conhelo, Guatraché, Maracó, Quemú-Quemú, Rancul, Realicó y Trenel.

En el Norte, por Salta se incluyen los departamentos de Anta, San Martín, Orán, Rivadavia e Iruya, y por último, en Jujuy, los de Tumbaya, Ledesma y Santa Bárbara, y la Quebrada de Humahuaca.

El dictamen de minoría –promovido entre otros por la senadora chubutense Nancy González- declara la emergencia también en zonas afectadas de Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba, y abarca más medidas de asistencia nacional.

En primer lugar, incrementa en un cien por ciento la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, el programa PROGRESAR y el seguro por desempleo, así como otras prestaciones familiares. También se suspenden los aumentos de tarifas de servicios públicos y se garantiza la calefacción a través de la provisión de garrafas sociales de gas licuado de petróleo.

Asimismo, en el dictamen de minoría se amplían las líneas de crédito dentro del programa PROCREAR y se establecen regímenes especiales y facilidades de pago por parte de la AFIP para monotributistas y personas jurídicas.