El Gobierno Nacional anunció este martes que dará asistencia financiera a Santa Cruz, con un préstamo de 850 millones de pesos, aunque a cambió demandó la presentación de un "plan serio" para ordenar las cuentas públicas de una provincia que padece la paralización de sus sistemas de educación, salud y justicia.

Mientras en Buenos Aires se anunció la disposición del gobierno de conceder un préstamo de 850 millones de pesos a través del Banco Nación, en Santa Cruz distintas fuentes informaron que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se trasladó desde Río Gallegos hacia El Calafate, después de los incidentes que se registraron este fin de semana en la residencia de la gobernación provincial.

En este panorama, los maestros, los médicos, los empleados judiciales y otros sectores de la administración pública asociados a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) realizaron hoy una huelga de 24 horas en repudio a la actuación de la policía durante los disturbios del fin de semana.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratifico la voluntad del gobierno de asistir a la provincia, pero supeditó la ayuda a la presentación de un "plan serio" para ordenar las cuentas públicas de la provincia.

"Cuando la provincia demuestre que tiene un plan para ir gradualmente ordenando sus cuentas públicas y también haciendo avances desde el punto de vista institucional, vamos a hacer un programa de monitoreo", dijo Frigerio a radio La Red.

El ministro agregó que, de todos modos, "los actuales gobernantes se tienen que hacer cargo de lo que ocurrió en el último cuarto de siglo en la provincia".

En cuanto a la ayuda que recibirá Santa Cruz desde el gobierno nacional, el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, precisó a Télam que está previsto otorgarle un crédito del Banco Nación por 850 millones de pesos, además de asegurarle "garantías" para que la provincia pueda buscar fondos en el mercado internacional.

"Estamos esperando que Santa Cruz complete trámites para ayudarlos con un crédito del Banco Nación y buscando la manera de ayudarlos con las garantías y otros requisitos para salir al mercado internacional, ya que ellos lo vienen buscando desde el año pasado", explicó el funcionario nacional.

Según detalló García de Luca, Santa Cruz ya recibió 1.200 millones de pesos para pagar los sueldos, 20.000 millones en concepto de coparticipación y ATN, además de regalías por 27.000 millones de pesos.

El viceministro apuntó que Santa Cruz es una provincia que tiene 115 empleados públicos cada mil habitantes, cuando el promedio es de 50, y recordó que "en el 2007 tenía superávit y en el 2015 pasó a ser la provincia más deficitaria del país, pese a la enorme ayuda que venía teniendo, con envío de recursos discrecionales por parte de la ex presidenta" Cristina Fernández de Kirchner.

En tanto, los sindicatos de maestros, judiciales, médicos y otros estatales de la provincia de Santa Cruz asociados a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) iniciaron hoy un paro por 24 horas.

A la protesta por el retraso en el pago de salarios se sumó el repudio a la actuación policial durante los disturbios del viernes a la noche y sábado a la madrugada, cuando reclamaban frente a la residencia oficial de la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner, que en ese momento estaba con la ex presidenta.

Al paro también se adhirieron empleados públicos, auxiliares de educación, personal de hospitales y municipios y docentes universitarios afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), además de corrientes sindicales de izquierda.

Los docentes, incluso decidieron continuar con un paro el resto de la semana, luego de participar con los demás gremios de la CTA Autónoma Santa Cruz, de empleados públicos, profesionales de la salud y judiciales, con medidas como el cierre de las escuelas, la instalación de una carpa y una olla popular sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, en Río Gallegos.

La ADOSAC, el gremio de los maestros, inició las acciones gremiales del día de paro provincial con una medida que consistió en la entrega simbólica de las llaves de las instituciones por parte de los directivos docentes, a la cabeza de una nutrida manifestación.

La secretaria gremial del sindicato, Sara López, dijo a Télam que tanto el acatamiento al paro como las medidas gremiales registraron hoy una adhesión cercana al 95% en todos los niveles, desde la educación inicial a la superior.

"inclusive se han sumado las escuelas privadas, cosa que para nosotros es muy importante porque han cerrado sus puertas en repudio a la represión del sábado", dijo la gremialista.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por su parte, se sumó al acampe de los judiciales, sector con el que compartió una olla popular y charlas debate sobre los reclamos del conjunto de los trabajadores de la CTA Autónoma, en una gran carpa montada sobre la Avenida Kirchner, frente al Tribunal Superior de Justicia y el Banco Santa Cruz.

La secretaria de organización gremial del sector, Olga Reinoso informó que mientras tanto en la sede de ATE se reunían los secretarios de las seccionales de toda la provincia, con vistas al paro provincial del próximo 26 de mayo, junto con los petroleros privados, y que remarcó, "tiene que ver con todas las reivindicaciones de ATE, municipales, provinciales y nacionales".

Mañana, los distintos sectores en conflicto llevarán adelante una nueva asamblea pública, con padres, estudiantes y jubilados, que acompañan los reclamos de educación, justicia, salud y salarios, para organizar una nueva marcha de antorchas.

Los gremios integrantes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) Autónoma Santa Cruz, además, solicitaron hoy a la Fiscalía de Estado el apartamiento de Romina Mercado, hija de la gobernadora Kirchner, como letrada integrante de ese organismo que actúa en representación legal de la provincia, por su procesamiento en la causa Los Sauces.

En la nota presentada en la Fiscalía de Estado, los gremios de la CTA Autónoma mencionan el procesamiento dictado a Mercado por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, y la prohibición que se le impuso para salir del país el último 4 de abril.