Declaró casi como un empleado más del modelo kirchnerista y no como quien fue: el ministro que vino desde Santa Cruz en 2003 para manejar los presupuestos más altos y participar de los escándalos más graves de la gestión que gobernó al país durante 12 años.

Acorralado por la Justicia y asesorado por sus abogados, Julio De Vido no tenía por qué decir otra cosa. Se estaba defendiendo. Lo curioso, por llamarlo de alguna manera, es que el juez diera por buenas estas insólitas justificaciones que dio el ex titular de Planificación Federal para despegarse del robo millonario con plata del Estado para construir viviendas a través de Sueños Compartidos, con la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Por esta defraudación (de las más emblemáticas de la corrupción K por manchar la bandera de los Derechos Humanos para un turbio negocio inmobiliario y financiero) ayer fueron procesados desde la titular de las Madres, Hebe de Bonafini, hasta los hermanos Schoklender, ex socios en la fundación.

Del lado del Gobierno nacional, sintomáticamente, quedaron involucrados en la maniobra los 3 ex funcionarios señalados por De Vido en su descargo: un ex secretario y 2 ex subsecretarios a quienes él no habría podido controlar. Como si hubiesen sidos jefes suyos y no al revés.

También, el actual diputado deslinda responsabilidades en los funcionarios provinciales y municipales en cuyos distritos se ejecutaban (o debían ejecutarse) las obras.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi concluye que "Luis Alberto Rafael Bontempo (ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda), Claudio Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas) y José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas, el de los famosos bolsos con dinero en el convento), obligados a velar por el fiel cumplimiento de las normas de obra pública en el ejercicio de sus respectivos cargos, comprometieron al Estado Nacional al aporte de sumas millonarias para la construcción de viviendas y digitaron que esos proyectos fueran adjudicados en forma directa a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, permitiendo que, de esa forma, sus apoderados desviaran $ 206 millones de su destino específico".

En otras palabras: fueron los responsables de garantizar el fraude del que se habrían beneficiado en particular los Schoklender y del que participó Bonafini con su firma.

Fatala y López fueron procesados y embargados por el magistrado. Bontempo no: falleció en 2012. De Vido consiguió "falta de mérito": esto es, que el juez consideró que aún no encontró pruebas suficientes ni para sobreseerlo ni para procesarlo.

Para entender mejor la historia vale repasar algunos largos tramos del fallo. Podrían dividirse en 2 historias. La defensa del "Yo no fui" y el aval judicial para dictarle el "Siga, siga",

Yo no fui

A partir de página 501 del fallo, Martínez de Giorgi recuerda los argumentos de De Vido para desligarse:

- "(De Vido) Negó haber participado en los instrumentos, convenios o contratos analizados en la presente causa, al tiempo que rechazó también haber intervenido formal o informalmente en las actuaciones administrativas reservadas como prueba. Y remarcó que no había firmado, aprobado, autorizado ni tenía funciones de control directas sobre las contrataciones realizadas que derivaron en los hechos cuestionados".

- "De seguido, explicó que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Subsecretarías de Obras Públicas y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, asistía financieramente a otras jurisdicciones (provinciales y municipales) a los efectos de que pudieran ejecutar obras destinadas a vivienda, mejoras de infraestructura, y/o sanitarias. Y que, en ese contexto, las dependencias mencionadas habían suscripto con las jurisdicciones solicitantes los convenios de colaboración y transferencia, en los que se dejaban establecidos los alcances de las obligaciones asumidas por las partes en cada caso".

- "Que, en resumidas cuentas, las Subsecretarías se comprometían a prestar la asistencia financiera necesaria para la ejecución de las obras solicitadas por las jurisdicciones; y que éstas, en todos los casos, actuaban como comitentes de los proyectos, por lo cual resultaban responsables de las contrataciones de quienes, en definitiva, los ejecutaban".

De Vido con José López, encarcelado por los bolsos con plata y procesado por Sueños Compartidos. El ex ministro lo hizo responsable en el tema viviendas.

- "Luego, destacó que de acuerdo a lo previsto en el decreto 1142/03, la disponibilidad de fondos, el control de certificados y trámites administrativos, el control de certificados de avance y la relación administrativa con las provincias competía a las Subsecretarías de Vivienda (NdR: a cargo de Bontempo) y Obras Públicas (a cargo de Fatala), cada una en su momento, con sus estructuras administrativas y de control correspondientes. Y que, con posterioridad, intervenía el Secretario de Obras Públicas (a cargo de López) al momento de ordenar la solicitud y transferencia administrativa de los fondos, en caso de encontrarse en orden los certificados y cumplidos los trámites administrativos previos".

- "De estas primeras notas, concluyó que el cuestionamiento que se le dirigiera relativo a la realización de las obras sin licitación pública debía ser dirigido a las jurisdicciones locales (NdR: provincias y municipios), a quienes competía tomar tales decisiones. Sin perjuicio de ello, luego de señalar que todos los regímenes de obra pública a nivel nacional, provincial y municipal contemplaban mecanismos de contratación directa en circunstancias especiales, consideró que el tipo de obra que aquí se analiza, en las que había tomado intervención la Fundación Madres de Plaza de Mayo, parecía reunirlos requisitos aludidos. Y a partir de esta consideración, opinó que no resultaba ni llamativo ni observable que las jurisdicciones hubieran acudido a ese tipo de contratación".

Luego en su descargo, De Vido hasta se dio el lujo de hacer política con los derechos humano. Dijo así, según consta en el fallo:

- "(De Vido) Agregó a lo dicho que, tal como era de conocimiento público, el gobierno del cual había formado parte, a través de varios de sus ministerios, tenía la decisión política de promover las actividades de cooperativas o empresas ligadas a agrupaciones referentes al campo de la defensa de los derechos humanos en el país, que pretendían desarrollar y participar en segmentos concretos y definidos de la obra pública y la asistencia social. Juzgó entonces que nada de eso podía resultar cuestionable y añadió que esa decisión política –de la que había participado y ratificaba- no lo acercaba de ninguna manera a cualquier irregularidad o delito que se hubiera cometido en la administración de los fondos que legítimamente se habían proporcionado para el cumplimiento de las obras o actividades decididas a través de los mecanismos correspondientes".

Fatala y Bontempo, en Diputados, dando explicaciones. De Vido también apuntó contra ellos.

- "Finalmente, resaltó que el informe final elaborado por la Auditoría General de la Nación no lo señalaba en modo alguno como responsable administrativo de ninguna irregularidad en el ejercicio de su cargo, ya que no había tomado intervención ni funcional ni personal en ninguno de los hechos de esta causa".

Curioso también este punto, ya que hoy, el ex titular de la AGN, Leandro Despouy, criticó que el juez no hubiera involucrado a De Vido. Luego, el ex ministro se presenta como una víctima de una persecución judicial.

- "Al respecto, (De Vido) agregó que la reciente experiencia de verse sometido a constantes requerimientos judiciales a partir del cambio de gobierno, le permitía conjeturar que se le podría estar queriendo atribuir alguna participación relacionada con las decisiones y acciones reprochadas a los funcionarios de las Secretarías y Subsecretarías que habían estado bajo su dependencia jerárquica, por el solo hecho de ser titular del Ministerio de Planificación Federal".

Otra vez, se presenta casi como un empleado y no como quien estaba a cargo del área en el que se cometieron los burdos y millonarios fraudes.

Siga, siga

Más adelante, cuando el juez hace la valoración que lo lleva a dictar la falta de mérito a De Vido, pareciera tomar bastantes de los argumentos del ex ministro. Minimiza su rol como jefe del ministerio que decidió los desembolsos (dice que decidió sólo algunas cuestiones y en ellas cumplió las normas, como llamar a licitación en un caso) y carga la responsabilidad en el ex secretario y los ex subsecretarios acusados por De Vido. Martínez de Giorgi lo dice así en su fallo:

- "Establecida la responsabilidad de sus dependientes (NdR: López, Bontempo y Fatala) en los hechos que son materia de investigación, corresponde ahora abocarse al análisis de la situación en el proceso de quien fuera Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. En tal sentido, corresponde en primer lugar recordar que al encartado, en su calidad de funcionario público de nivel nacional, se le enrostró el haber permitido que Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender, como apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tuvieran el manejo de la suma de $ 748.719.414,64, de la cual desviaron $ 206.438.454,05 de su destino específico. Ello sentado, debe ponerse de relieve en forma preliminar que, de la lectura de las constancias incorporadas a los expedientes y de la documentación reservada por Secretaría, su actuación se ha ceñido exclusivamente a: a) la suscripción de los convenios marcos del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, fechados el 21 de julio de 2004 y el 11 de agosto de 2005, respectivamente, y b) la firma del acta acuerdo fechada el 13 de junio de 2008 –en la que también intervinieron Hebe de Bonafini, Roberto Apelbaum y Luis Alberto Rafael Bontempo- en la que se comprometió que la SSDUV gestionaría los fondos para financiar el 100% de las obras de “Villa 15”".

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- "Pues bien, tal como se desprende de los términos delos instrumentos enumerados, se advierte que en aquél fechado el 11 de agosto de 2005, específicamente se ha previsto la licitación pública como mecanismo para la selección de la adjudicataria de las obras (artículo 9°). Esta referencia es importante pues, cuanto ha sido dicho con relación a la necesidad de aplicar esa herramienta a la ejecución dela obra pública, el principal convenio suscripto por el entonces ministro exigía el cumplimiento de las pautas legales correspondientes para el desarrollo del programa de construcción de viviendas".

- "Por otra parte, no se han obtenido evidencias relevantes que lo ubiquen participando de modo personal en la gestión de aprobación de pagos, financiamiento o adelantos, a la fundación, o a las jurisdicciones locales, circunstancia sí acreditada con relación a la Secretaría de Obras Públicas (NdR: la que manejaba López)".

Luego, el juez destaca la colaboración que mostró de De Vido con la causa y vuelve sobre la responsabilidad de otras áreas del ministerio. Incluso da por cierto que el poderoso ministro podía desconocer las irregularidades. Algo impensado en un mundo vertical como el gabinete K. Al menos, concluye Martínez de Giorgi, admite que hay que profundizar la investigación.

Martínez de Giorgi, juez federal que lleva el caso Sueños Compartidos.

- "No puede soslayarse que en los albores de la investigación, el Ministerio de Planificación a su cargo, puso inmediatamente a disposición del tribunal la copia de los expedientes en los cuales tramitaron los financiamientos otorgados por la Secretaría de Obras Públicas para las obras ejecutadas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Así las cosas, ante la ausencia de toda otra referencia en el sumario acerca de su efectiva participación en los hechos, así como también respecto del conocimiento que pudo haber tenido acerca del irregular modo en que se tramitaban los financiamientos ante la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para la ejecución de proyectos constructivos –puntualmente, en lo que aquí interesa, en aquéllos que finalmente fueran adjudicados en forma directa a la Fundación, será menester profundizar la investigación a efectos de determinar si entre el ex ministro y los otros funcionarios nacionales involucrados existía algún tipo de interdependencia para la adopción de tales decisiones, o si, por lo contrario, éstos ejercían sus funciones con cierto grado de autonomía que permitía la discrecional asignación de esos recursos. Estas circunstancias, aun no esclarecidas en el expediente, resultan determinantes para analizar su situación en el proceso, pues únicamente su real y positiva injerencia en los hechos que se investigan o el efectivo conocimiento de las maniobras desplegadas por sus dependientes, omitiendo deberes a su cargo puede conllevar sur esponsabilidad penal".

Fuente:Eduardo Paladini