El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo decreto de "estado de excepción y emergencia económica" que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para "preservar el orden interno", según publicó hoy la Gaceta Oficial.

El decreto establece la facultad del Ejecutivo nacional para que adopte "la medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios".

La norma señala además que "podrán ser restringidas las garantías" para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que estable la Constitución que son "el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles".

 

El Gobierno venezolano podrá "diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados".

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El presidente se facultó también para decidir "la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político" contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.

Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.

MANIFESTANTE. Con un cartel que en español dice "Libre Venezuela", durante una sentada contra el presidente Maduro, en Caracas, el lunes (AP/Fernando Llano).

No obstante todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de "excepción y emergencia económica".

A través de este nuevo texto legal, el Ejecutivo venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas medidas que "sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (...) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana".

Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en "desacato" por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

En esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016. 

Un joven murió 

Un hombre identificado como Diego Arellano murió hoy durante una manifestación en San Antonio de los Altos, en el estado venezolano de Miranda (centro), informó la Fiscalía y el gobernador de esa entidad, el opositor Henrique Capriles.

"Comisionado Fiscal 1 de Miranda para investigar la muerte del joven Diego Arellano durante manifestación en San Antonio #16May", indicó la Fiscalía en un mensaje a través de la red social Twitter.

Por su parte, Capriles informó minutos antes que Arellano, de 31 años, fue "herido de bala" y trasladado a la Policlínica Parque El Retiro, sin ofrecer más detalles de las circunstancias en las que se produjo la muerte.

En San Antonio de los Altos se registró una protesta de un grupo de opositores que cerraron calles con barricadas de la vecina ciudad de Caracas, que fue disuelta con la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con bombas lacrimógenas.

La manifestación que inició durante la mañana mantenía cerrado el tránsito de una de las principales vías que conecta a San Antonio con la capital venezolana.

Con el fallecimiento de Arellano se eleva a 43 la cifra de muertos durante la ola de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno desarrollada en los últimos 46 días, de acuerdo a los reportes de la Fiscalía y las autoridades.

Las protestas se iniciaron después de que el Tribunal Supremo, acusado de servir al chavismo, se atribuyera las funciones de la Asamblea Nacional, controlada por los opositores, y aunque la decisión fue revocada en medio de la presión internacional, la oposición insiste en denunciarlo.

La escalada de la tensión se recrudeció cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de un proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna como la "única" manera de conseguir la paz, lo que sus detractores ven como un golpe de Estado y una manera perpetuarse en el poder.