Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pedirán en los próximos días la indagatoria de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, Lázaro y Martín Báez y otras 17 personas, al igual que la inhibición general de bienes en el marco de la causa Hotesur. En este expediente se investiga el lavado de dinero, en función del alquiler y administración del hotel Alto Calafate por el empresario K, preso en la causa de la Ruta del Dinero K.
 
Una vez más, la ex Presidenta podría ser indagada en una causa junto a Lázaro Báez. Los fiscales que pedirán al juez Julián Ercolini que los llame a indagatoria, reiterarán que, mientras el amigo y ex socio de la ex familia presidencial, era el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz (52 contratos por $ 46.000 millones). Paralelamente garantizaba a los ex presidentes y a sus hijos ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimiento hoteleros. Todo permitió a la entonces familia presidencial "aumentar notablemente su patrimonio", dirían los fiscales según informaron fuentes oficiales.
 
Como delito precedente del lavado consignan la defraudación al Estado Nacional, partiendo de la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, y en la que Cristina Kirchner y Báez están procesado por asociación ilícita. Con "el amigo presidencial" y sus empresa beneficiadas con un flujo de fondos constante por los contratos viales durante el kirchnerismo, se produjo un perjuicio al erario público por tratarse de obras que en su mayoría no se concluyeron y que obtuvieron un sobreprecio promedio del 65%, agregarían.
 
La hipótesis que se investiga, es que parte de ese dinero llegó a manos de los ex presidentes y sus hijos "a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad", lo que les aseguraba -según dirigían los fiscales- poder declarar dichos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco "ocultando su verdadero origen".
 
El circuito planteado y por el cual se pide el llamado a indagatoria, inicia en la fortuna amasada por Báez (en 2003 antes de constituir Austral Construcciones tenía un patrimonio de $ 800 mil, en la actualidad el mismo supera los $ 2.547 millones), fue en parte usada por la ex familiar presidencial, para la adquisición hoteles. También, para hacer mejoras en los mismos y después entregándole la administración y explotación nuevamente a Báez.
 
El empresario K administró los hoteles a través de Valle Mitre SRL y garantizó en concepto de alquiler, $ 27.592.110 desde 2009 a 2013. Todo fue diseñado, según diría la acusación, "para mantener en marcha el negocio y poder abonar los cánones locativos" a los ex Presidentes y sus hijos.
 
Es por ello que se señala que el dinero era "despojado de su origen ilícito" a través del un esquema de blanqueo, lo que habría generado una defraudación al Estado. Con una idea como esta, desecharían así el argumento utilizado por Cristina Kirchner para defenderse: "El dinero del Estado es blanco y por lo tanto no puede ser lavado". Este es el punto que los fiscales rechazarán con este esquema con argumentos, seguramente, parecidos a esos.
 
En la línea cronológica de los hechos, se fija como período de esta maniobra instaurada para el lavado de activos, los años 2008 al 2013, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, ocasionando los contratos públicos a favor de Báez y su desenlace en la contratación del propio empresario para manejar los hoteles de la ex familia presidencial.
 
Así, los fiscales considerarían que la actividad hotelera permitió a los Kirchner "canalizar regularmente fondos" desde las mismas empresas que ganaba contratos viales, ya que eran los principales clientes de los hoteles. Por ello, calificarían de "sociedad pantalla" a Valle Mitre con la que se administraron los complejos hoteleros, al considerar que era usada para blanquear dinero que provenía "del delito precedente" y aplicarlo al negocio, algo que se conoce en la teoría como "proceso de reciclaje". Esto es: falsa contratación de habitaciones y de salones, contratación simulada de servicios de consultoría y marketing.
 
Los fiscales dirían que la maniobra consistió en la adquisición de hoteles por parte de la familia Kirchner, la interposición de Valle Mitre para gerenciarlos, la canalización de fondos de la obra pública desde firmas del Grupo Báez y la incorporación del dinero al patrimonio de los ex presidentes y sus hijos. Se distingue, sin embargo, que la primera etapa fue responsabilidad de Néstor, Cristina y Máximo, ya que Florencia ingresaría tras el fallecimiento de su padre, a las "distintas operaciones necesarias a los fines de incorporar a su patrimonio los hoteles" que luego serían puestos a disposición de la maniobra de lavado.
 
En conclusión, se plantearía que los Kirchner no podrían haber obtenido tal caudal de fondos para comprar los hoteles, sólo a través de las transacciones inmobiliarias (por unos 12 millones de pesos) que realizaron con Báez "para después obtener la cadena hotelera". Nada podría haber ocurrido sin el soporte del Banco Santa Cruz, según señalarían los fiscales, otorgando préstamos por casi $ 9 millones en el período emn el que se compró el hotel de Hotesur SA.
 
En este entramado participaron otras 17 personas sobre las que se pidió igual el llamado a indagatoria: Víctor Manzanares (contador de los Kirchner), Osvaldo Sanfelice (administrador de los hoteles desde 2013), Romina Mercado (presidenta de Hotesur), Ricardo Albornoz (escribano de Báez), César Andrés (contador de Báez), entre otros.