La fiscal general de Venezuela, la chavista disidente Luisa Ortega Díaz, afirmó que en el país "está desmantelado el estado de derecho" y rige un "Estado de terror", luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiera un proceso destinado a destituirla y de que la oposición política llamara a desconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Las declaraciones de Ortega Díaz tuvieron lugar al cabo de una jornada particularmente intensa en el contexto de la crisis política y humanitaria que vive Venezuela, y en la que Maduro cambió a los comandantes de las cinco fuerzas armadas y anunció la incorporación "inmediata" de 40.000 efectivos para las fuerzas a cargo de la represión de las protestas que se registran desde abril.

La jefa de los procuradores sostuvo que "Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana", según se publicó en la cuenta oficial del Ministerio Público (MP) en Twitter, y agregó: "Está desmantelado el estado de derecho, estamos en un Estado de terror".

"Es grave el caso de violación de derechos humanos en Venezuela; yo voy a avanzar hasta donde la legalidad me lo permita", dijo Ortega Díaz, quien de todos modos advirtió: "Quizás se está cerrando la última puerta de la democracia que es el Ministerio Público".

Más temprano, el TSJ admitió la solicitud de antejuicio de mérito a Ortega Díaz interpuesta por el diputado oficialista Pedro Carreño.

El antejuicio de mérito -proceso en el que el TSJ decide si es pertinente quitarle los fueros a un funcionario para que pueda ser sometido a juicio- podría significar el cese temporal de la jefa del MP en el cargo.

En los últimos tres meses, Ortega Díaz criticó duramente fallos del TSJ, la represión de las protestas y la convocatoria a la constituyente. Además, interpuso varios recursos contra la permanencia de numerosos jueces de la máxima corte.

Este mediodía, el Ministerio Público denunció en su cuenta de Twitter que su sede principal "y los funcionarios que allí laboran" estaban "bajo el asedio y agresiones de grupos violentos", que el diario caraqueño El Nacional identificó como "grupos oficialistas".

Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Julio Borges, afirmó en rueda de prensa: "El régimen está al margen de la Constitución; todas sus decisiones son inconstitucionales y no pueden ser obedecidas, de acuerdo con los artículos 333 y 350" de la carta magna.

El artículo 333 establece que la Constitución "no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella".

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consideró la convocatoria a la asamblea como un "fraude constituyente en todo el territorio nacional" y llamó a su "desconocimiento", en una "hoja de ruta" revelada en la rueda de prensa por Borges y los demás líderes de los partidos que forman parte de la coalición opositora.

A la vez, el artículo 350 dice que "el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".

Más temprano, Maduro había anunciado que "se incorporarán 40.000 jóvenes para la seguridad ciudadana", en un discurso transmitido por la cadena nacional de radio y televisión, y detalló que serán "20.000 para la PNB (Policía Nacional Bolivariana) y 20.000 para la GNB (Guardia Nacional Bolivariana, policía militar)".

La GNB y la PNB están a cargo de la represión de las manifestaciones de protesta que vienen ocurriendo casi cotidianamente desde principios de abril pasado, y que dejaron 74 muertos y más de 1.300 heridos, según datos oficiales.

Paralelamente, el jefe del Estado informó que relevó al general Vladimir Padrino de la jefatura del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB, fuerzas armadas), que quedó en manos del hasta ahora subjefe, almirante Remigio Ceballos.

También reportó que los jefes salientes del Ejército y la Armada, general Juan García Toussaint y almirante Orlando Maneiro, fueron designados como ministros de Transporte y de Pesca, respectivamente.

En cambio, de los demás comandantes reemplazados -entre ellos el polémico jefe de la GNB, general Antonio Benavides- dijo Maduro que "en los próximos días" tendrán "nuevas responsabilidades", que no especificó.

Los cambios en la cúpula castrense tuvieron lugar en medio de cuestionamientos cruzados entre diversos sectores del oficialismo, que en algunos casos critican la represión de las protestas contra el gobierno y en otros deploran el llamado de Maduro a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna.

Tèlam