José Urtubey, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), advirtió hoy que si el Gobierno aplica reformas a la ley de Abastecimiento, esa entidad recurrirá a la Justicia para tratar de frenar su implementación, por considerar que es ‘inconstitucional‘.

 
“Si se sanciona una norma de este tipo, recurriremos a la Justicia‘, alertó el dirigente, sobre la intención del Gobierno de aplicar más controles a la comercialización de bienes y servicios en un intento por frenar la inflación.
 
En declaraciones a Radio América, Urtubey explicó: ‘Tenemos una observación sobre la ley de Abastecimiento, porque podría ponerle límites a la rentabilidad de las empresas. Y eso sería inconstitucional‘.
 
“Por eso, si se sancionan las reformas recurriremos a la Justicia, porque consideramos que sería anticonstitucional‘, enfatizó el empresario.
 
Para sectores empresarios, avanzar con esa iniciativa representaría ‘el fin de la empresa privada argentina‘‘. 
 
Los principales puntos de rechazo al proyecto son el establecimiento de márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles mínimos y máximos para ’todas y cualquier’ etapa del proceso económico.
 
También la posibilidad de que la autoridad disponga la continuación de la producción de bienes y la fabricación obligatoria de estos con niveles o cuotas mínimas.
 
La potestad de requerir y secuestrar toda documentación contable o comercial.
 
La obligatoriedad de publicar precios de los bienes y servicios producidos y prestados.
 
Las sanciones por incumplimiento, que van desde multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios, revalúen existencias, acaparen materias primas y productos, nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios, discontinúen el abastecimiento normal y habitual de una zona o ramo comercial, o no produzcan bienes con precios máximos y mínimos a los márgenes de utilidad fijados.
 
También les preocupa la amenaza de que las multas sean aplicables tanto a las personas jurídicas como a los directivos. Estas deberán ser primero pagadas y después, recurridas.
 
Estas facultades podrán ser ejercidas por la Secretaría de Comercio o por las provincias, con el referendo de la autoridad nacional.
 
Para los empresarios de la UIA, el proyecto es ‘inconstitucional, va en contra de la iniciativa privada y echa por tierra con cualquier plan de inversión‘.