La Cámara de Diputados le dio media sanción y giró al Senado el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que incorporó modificaciones respecto del dictamen de mayoría que había sido aprobado en general la semana pasada.

El principal cambio fue la eliminación del controversial artículo 37, que planteaba la posibilidad de aplicar de manera retroactiva el beneficio de reducción de pena a empresas jurídicas mediante la celebración de acuerdos de colaboración eficaz con el Poder Ejecutivo.

Pese a que había un acuerdo tácito entre los bloques para dejar a un lado dicho artículo, el oficialismo sorprendió en pleno recinto al defender la utilidad de celebrar acuerdos de colaboración eficaz para delitos cometidos antes de la sanción de la ley.

Sin embargo, la arremetida no prosperó y el artículo 37 fue volteado. Con 133 votos negativos y 85 positivos, se cayó el artículo que, de acuerdo a la oposición suponía un artilugio para beneficiar con reducción de pena a la empresa brasileña Odebrecht. 

Además varios diputados opositores coincidieron en catalogar como "inconstitucional" el artículo, al sostener que delegaba en el Poder Ejecutivo (Procuración del Tesoro) facultades que son inherentes al Poder Judicial.

Cruce por Odebrecht​

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez y su par del Frente para la Victoria-PJ, Rodolfo Tailhade, protagonizaron hoy un fuerte contrapunto, luego de que el legislador de Cambiemos aseguró que el oficialismo quiere saber los nombres de los funcionarios implicados en la causa Odebrecht y advirtió "no estamos entregando a nadie, más que a los culpables de actos de corrupción".

La polémica se generó en el marco de una tensa sesión en la que se debatía el proyecto de responsabilidad penal empresaria que la semana pasada fue aprobado en general y cuyo tratamiento definitivo fue postergado ante las marcadas diferencias a la hora de votar en particular.

Al defender la redacción original del artículo 37 del proyecto -uno de los más polémicos- que establece que las empresas puedan solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz, Sánchez recordó que "hay cuatro causas penales que investigan a funcionarios del gobierno anterior por el pago de coimas a Odebrecht que hoy están ausentes", en referencia al ex ministro, Julio De Vido, que no estuvo presente en la sesión. Puntualizó Sanchez que "hace 4 años la justicia no ha avanzado y recién este fin de semana un fiscal federal ordenó un allanamiento contra la empresa Odebrecht" y, dirigiéndose a los diputados del bloque kirchnerista, advirtió: "Saben por qué no quieren que confiesen en la Argentina? porque son los funcionarios públicos a los que se les pagó que todavía están libres".

En ese marco, Sánchez destacó la importancia de avanzar en ese artículo, al sostener que la autoridad administrativa "puede hacer un acuerdo para que la empresa, que ya no tiene nada que perder, dé los nombres".

Señaló además que con este artículo "se puede ayudar a esclarecer casos de corrupción", con lo cual "el pueblo argentino se los va a agradecer: muchachos, no estamos entregando a nadie más que a los culpables de actos de corrupción".

A su turno, Tailhade rechazó la redacción de ese artículo y dijo que "es mentira que no se pueden investigar para atrás porque lo que quieren es negociar las 4 o 5 causas en la que está implicado el presidente (Mauricio) Macri, a la vez que advirtió, dirigiéndose a Sánchez: "No me va a correr con la corrupción Sánchez. Lo único que falta es que me corra él con la corrupción que se va a trabajar con (Gustavo) Lopetegui y (Mario) Quintana a la Jefatura de Gabinete".

Acusó además a Sánchez de haber sido uno de los que "apretaron" a los diputados cuando pidieron en la última reunión de comisión de Legislación Penal, a la presidenta de ese cuerpo, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), que difunda los nombres de los legisladores que no estaban presentes en ese plenario: "No me asusta eso", dijo.