El juez de Nueva York, Thomas Griesa destacó, durante la audiencia, que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno acerca del cambio de jurisdicción y del banco fiduciario para pagarle a los bonistas reestructurados en la Argentina "no puede ser llevado a cabo porque es ilegal y viola las órdenes" judiciales.

El encuentro arrancó con el pedido de los fondos buitre para declarar en "desacato" a la Argentina, tras la presentación del proyecto del ley que cambia el domicilio de pago de la deuda.

Según informan agencias internacionales, el abogado que patrocina a los holdouts, Robert Cohen, pidió la palabra al comenzar la reunión y solicitó la aplicación de sanciones económicas contra el país. Aseguró que la propuesta para cambiar la jurisdicción busca "evadir" orden emitida por la Corte del Segundo Distrito Sur de Nueva York. 

En su primera intervención, Griesa confesó estar "consternado" por que el Gobierno no haya consultado a sus abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) sobre la iniciativa y sus posibles consecuencias. "La Argentina ha tomado una posición ilegal", declaró el magistrado. 

En línea con los buitres, Griesa calificó al plan de la Casa Rosada como "ilegal" y "violatorio de la orden" judicial que él mismo impartió, que se resume en pagar poco más de US$1.500 millones a los bonistas no reestructurados.

La convocatoria a esta nueva reunión se produjo en respuesta a una carta enviada por los fondos buitre el miércoles, en la que requirieron al magistrado un encuentro de urgencia tras la decisión del gobierno argentino de enviar al Parlamento un proyecto de ley de pago soberano para tenedores reestructurados.

El encuentro se lleva a cabo a partir de las 15.55 (16.55 en Argentina), en el piso 26 de la Corte Distrital Sur de Manhattan, ubicada al 500 de la calle Pearl, en Nueva York.

En una orden fechada hoy, Griesa afirmó que la reunión es realizada "en respuesta a la carta de los demandantes, del 20 de agosto, requiriendo una audiencia de emergencia".

Ayer el abogado del fondo buitre NML Capital, Robert Cohen, envio una misiva al juez Griesa para "señalar la atención de la Corte" sobre el anuncio del proyecto de Ley de pago soberano realizado por el gobierno nacional, el cual según consideró, constituyó un "esfuerzo por evadir la orden de pari passu" dictaminada por ese tribunal.

Bajo ese contexto, NML Capital detalló el desarrollo de las acciones tomadas por la corte y por Argentina desde el fallo del 23 de febrero de 2012 – que ordenó que el país pague también a los fondos buitre cada vez que abone intereses a tenedores de bonos reestructurados- hasta el anuncio de la iniciativa del gobierno para viabilizar el pago soberano local de la deuda externa, emitido por la Presidenta el martes por la noche.

La interpretación de los hechos planteada por Cohen, quien se expresó en representación del resto de los demandantes, entre ellos el fondo buitre Aurelius, concluyó con el pedido al juez Griesa para que convoque a una "audiencia de urgencia lo antes posible".

En la carta, Cohen le requirió también al magistrado distrital, "considerar si Argentina debería ser acusado de desacato" y en caso de caber esa figura, "cuáles sanciones deberían ser impuestas".

Un día después de la solicitud de los fondos buitre, Griesa respondió con el llamado a los abogados de las partes, para que concurran a lo que será la sexta audiencia pública desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el mes de junio.