n el mundo del derecho privado existe el beneficio de inventario, una manera de aceptar una herencia por la cual los herederos no se hacen cargo con su patrimonio de las deudas del fallecido. En el derecho público eso no pasa y los gobiernos heredan al anterior.

En el Gobierno esperaban novedades ya que el 25 de enero de este año, el tribunal arbitral se dio un plazo de 180 días para dictar el laudo. Cuidadosos de los tiempos, los árbitros decidieron en tiempo y forma. Anoche, la comunicación llegó a los abogados del Estado.

En un laudo de más de 500 páginas, el tribunal condenó al país a pagar 23,76 millones de dólares más intereses a los demandantes en conceptos de compensación por los daños causados por la expropiación.

El pase de manos de Aerolíneas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y mandó un proyecto para declararla de interés público. Esa ley le entregó facultades al Ministerio de Planificación para que sea el ejecutor del Congreso.

Con amplia mayoría, tanto diputados como senadores aprobaron el proyecto. Luego se pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos. Ese trabajo entregó un valor negativo de 832 millones de dólares, muy lejos de los 600 millones de dólares que decía Marsans que valía el grupo de compañías.

Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa. Pocos días antes de la primera audiencia en el Ciadi, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima.

En ese expediente se tomó como válido el trabajo que hizo en 2008 el Tribunal de Tasación de la Nación y que estableció que al momento de la estatización las sociedades anónimas Optar, Jet Paq, Aero Handling, Aerolíneas Argentinas y Austral tenían un valor negativo de 3275 millones de pesos, equivalentes a 949,4 millones de dólares.

El Estado tomó el control de la empresa y colocó primero como presidente a Julio Alak y, después, a Mariano Recalde.

Finalmente el Ciadi ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.

El juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014 cuando arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. Fueron 15 días que terminaron con los alegatos de cada una de las partes.

Poco después de aquella batería de audiencias en Washington, la defensa de la Argentina, comandada por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el Ciadi a un fondo llamado Burford Capital.

"Marsans reclamó al Ciadi alegando perjuicios que habían sufrido por trato injusto y tiene un reclamo por más de 1400 millones de dólares. En realidad, el grupo Marsans es un deudor de la Argentina al haber dejado en una situación tan ruinosa a Aerolíneas Argentinas", dijo Abbona entonces.

La Argentina transitó el proceso de defensa con varios argumentos complicados de probar. El primero es que en varias oportunidades confundió la naturaleza jurídica de la empresa. Por caso, Aerolíneas Argentinas, más allá de la relación directa que tiene con el mundo aeronáutico del país, era un empresa privada, una sociedad anónima, no una concesión de servicio público. Por poner un ejemplo, desde el punto de vista jurídico no tiene diferencia con el status de Lan Argentina. Por lo tanto, la desinversión afectaba en principio a los dueños.

Respecto de la venta a un fondo, es una de las prácticas más comunes en este tipo de reclamos.

Ahora a la cuenta de US$ 678 millones anuales en subsidios que recibió en promedio Aerolínes desde 2009 a 2015 habrá que adicionarle unos US$ 350 millones más. Será la hora de pagar la herencia de los sueños aéreos del kirchnerismo.