El juez Ariel Lijo allanó esta tarde la Municipalidad del Partido de la Costa, en Mar del Tuyú, y secuestró documentación vinculada a una denuncia contra el vicepresidente Amado Boudou, imputado desde ayer por el manejo de fondos públicos para un plan de viviendas. El operativo estuvo a cargo de la Gendarmería y duró varias horas. Desde el Municipio aseguraron a Clarín que "se llevaron uno de los cuatro expedientes" que fueron a buscar. Además, remarcaron que "la mayoría de las viviendas" están terminadas.  

La causa se inició por una denuncia del concejal del Partido de la Costa Marcos García, quien esta mañana ratificó su denuncia ante el juez Lijo. El vice está acusado de “maniobras fraudulentas” cometidas con fondos del Plan Federal de Viviendas para la construcción de 484 casas y dos escuelas en el Partido de la Costa. Las irregularidades ocurrieron cuando Boudou era secretario de Hacienda de ese municipio. De hecho, firmó el anticipo de obra por 900 mil pesos. 

La investigación también alcanza al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al intendente actual de esa municipalidad, Juan Pablo De Jesús y al padre de este último, Juan De Jesús, ex intendente y actual diputado provincial del Frente para la Victoria en la Legislatura bonaerense.

“Aportamos nuevos datos y documentación y ofrecimos testimoniales de personas que tenían que hacer el control de la obra por parte de la Municipalidad. También ofrecimos información sobre las conexiones entre la empresa Cantera y Boudou”, le dijo este mediodía a Clarín el concejal García luego de ratificar la denuncia con el patrocinio del abogado Ricardo Monner Sans.

Según la denuncia, el presupuesto original fue de 20 millones de pesos y luego se amplió en seis millones más. A pesar de haberse pagado en 2007 casi la totalidad del contrato a la empresa Cantera, las dos escuelas y la mayoría de las casas nunca se habrían terminado. “La gente nunca va a tener escritura porque no hay final de obra”, aseguró García.

El secretario de vivienda del Partido de la Costa, Juan Manuel Molina, negó esta tarde las irregularidades. "Hay 220 casas terminadas, 132 en proceso de obra y solo 134 sin comenzar. Y las dos escuelas están terminadas ", le dijo el funcionario a Clarín. Sobre los pagos, Molina sostuvo que "se abonó 15 millones de pesos, que representaba el 50% del contrato con las actualizaciones del precio original". Sin embargo, en 2007 el Municipio dio de baja el contrato por defectos en la construcción y comenzó un litigio con la constructora.

Molina también acusó al concejal que denunció las irregularidades de "fabulador con causas penales pendientes". 

Ayer, el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó a Boudou (ya tiene dos procesamientos por otras causas) y al resto de los funcionarios denunciados por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales.
por Nicolás Pizzi para El Clarín