a Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sea llamada a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga si dos fiscales quisieron excluir el nombre del empresario Lázaro Báez del inicio de la causa conocida como “ruta del dinero K”.

Consultados por DyN, voceros de la UIF confirmaron la presentación pero se excusaron de dar detalles en el carácter reservado de sus actuaciones.

En tanto, el fiscal Carlos Gonella, procesado en la causa, dijo que “esta noticia tiene un trasfondo político”. Afirmó que las acusaciones en su contra son “descabelladas” y que el propio fiscal Ramiro González, que actuó en el expediente, aseguró que no hubo “ninguna presión” ni de parte suya, en su rol de jefe de la Procuraduría de Lavado de Dinero (Procelac), ni de Gils Carbó.

Otra causa

Gils Carbó fue llamada a indagatoria para el próximo 31 de agosto en una causa que investiga la compra de un inmueble para la Procuración General por la que se pagaron comisiones millonarias.

En esta causa está imputada pero hasta ahora no se había pedido su llamado a indagatoria porque se estaban llevando adelante distintas medidas de prueba para esclarecer su rol en el expediente.

LA UIF no está aceptada oficialmente como querellante en la causa: el juez Marcelo Martínez De Giorgi había aceptado su presentación en el expediente luego de que el fiscal inicial del caso, Juan Pedro Zoni, decidiera rechazar la elevación a juicio, pero la Sala II de la Cámara Federal había rechazado su papel en el expediente al indicar que no se investigaba lavado de dinero, indicaron a esta agencia fuentes judiciales.

Con la discusión sobre el rol de la UIF como querellante en la Cámara de Casación Penal, la repartición oficial que encabeza Mariano Federici resolvió pedir el llamado de indagatoria de Gils Carbó en el caso.

En la causa ya están procesados los ex fiscales de la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y Omar Orsi, por entender que cuando dictaminaron en el comienzo de la causa por la llamada “ruta del dinero K” habrían excluido el nombre de Lázaro Báez de la investigación.

Gonella dijo a DyN que “es falso” que el fiscal Guillermo Marijuán lo denunció por el caso Báez o que “haya pedido la indagatoria de la procuradora”, e interpretó que esta noticia judicial es una “respuesta del Gobierno” a las notas que dio la jefa de los fiscales en los últimos días.

En tanto, desde la Procuración General interpretaron la presentación de la UIF como una respuesta a la queja elevada junto al jefe de la Procuración de Brasil por la falta de avances en el caso Odebrecht, a través de las gestiones de la Cancillería.

Gonella y Orsi fueron procesados por entender que limitaron el requerimiento fiscal a los hechos vinculados a los primeros involucrados, Federico Elaskar y Leonardo Fariña.

Se cree que con ese dictamen los entonces responsables de la Procelac dejaron de lado otras conductas mucho más graves, que expresamente habían sido denunciadas, relacionadas a valores más importantes relativos a quien era entonces uno de los contratistas de obra pública más importante a esa fecha, Lázaro Báez, su familia y entorno y sus empresas.

Estuvieron procesados y la causa estaba a punto de ser enviada a juicio, pero el fiscal Zoni pidió meses atrás el sobreseimiento de ambos por entender que no hubo delito.

Finalmente Zoni fue apartado, el caso pasó al fiscal federal Federico Delgado -que fue recusado- y el expediente pasó a manos del fiscal Franco Picardi. 
DyN