Estaban los evangélicos, estaban los judíos, los ateos, y también los cristianos. Llegaron funcionarios, rectores de universidades y expertos de distintas áreas y origen. Fue una muestra de diversidad la que se reunió ayer en la primera de las cuatro audiencias convocadas por la Corte Suprema para decidir si son constitucionales una serie de normas que habilitaron en Salta laeducación religiosa obligatoria en las escuelas públicas, como materia curriuclar y en el horario de clase. La segunda audiencia se hará hoy desde las 10, y luego habrá otras dos: el 30 y 31 de agosto. Los ministros escucharon a los 17 oradores que se fueron alternando, uno a favor y otro en contra. Nunca intervinieron. Un enorme crucifijo al frente de la sala coronaba la escena.

La causa que llegó hasta la Corte se inició en 2008, cuando un grupo de padres, junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), fueron a la Justicia por considerar que las leyes salteñas y su implementación discriminan a los chicos que no son de familias católicas y viola la libertad de pensamiento, consagrada por la Constitución. Para el gobierno de Salta, la Constitución les garantiza la independencia para tomar decisiones educativas. La Corte salteña avaló esta posición. Pero en marzo, un dictamen del procurador le dio la razón a ADC y recomendó a la Corte revocar la sentencia del tribunal salteño.

El único ministro de la Corte que no estuvo hoy fue Carlos Rosenkrantz, que se excusó por haber sido miembro de la ADC al momento del inicio de la acción.

“Todos sabemos, honestamente, que esto va en contramano de la historia. Fanatismos de diversos tipos amenazan la convivencia pacífica. Y la escuela pública es un formidable antídoto”, dijo Sebastián Sfriso, orador por el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos.

En escena. Hoy fue el turno de 17 oradores, entre abogados y miembros de diversas organizaciones.

Juan Navarro Floria, del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, estuvo entre los más escuchados por la parte pro Salta. Afirmó que tratados como San José de Costa Rica garantizan a los padres el derecho a que sus hijos reciban educación religiosa “de acuerdo con sus convicciones”. Y que para los hijos existe el derecho a la identidad. “La mayor parte de los países latinoamericanos han incluido educación religiosa”, dijo. Para Floria, las prácticas discriminatorias denunciadas en Salta -por la ADC y también por el procurador- son “desvíos”, que deben ser corregidos.

Guillermo Torremare y Mariana Catanzaro hablaron por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Dijeron que las normas de Salta “van contra de todo el ordenamiento jurídico argentino”, al tiempo que señalaron que “es absurdo que el Estado planifique separar a los chicos”.

Los partidarios de las leyes salteñas sostuvieron que dar religión en las escuelas públicas es necesario para que “este derecho llegue a los chicos más vulnerables”, que no pueden pagar un colegio privado. La adventista Ruth Galíndez salió al cruce. “Con este criterio los chicos sin recursos que no son católicos estarían obligados a recibir una religión que no es la suya. La opción por una ideología o una religión la tiene que hacer el ciudadano y no el Estado”, dijo.

Jorge Gentile (a favor de Salta) dijo que los chicos tienen que tener derecho a saber por qué hay provincias que se llaman San Juan o Santa Cruz. Y sobre el horario de clase afirmó: “En Salta más de la mitad de las escuelas tienen jornada extendida. ¿Qué quieren? ¿Qué lo den a las 12 de la noche?” Fernando Lozada, de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento, se presentó como ateo. Dijo que las leyes salteñas “evocan los períodos más oscuros de la historia” y que “el Estado no puede propiciar que una práctica se privilegie sobre otra”.

Sobre la estigmatización que sufren los chicos no católicos, Nicolás Mayoraz, de la Asociación Ojo Ciudadano, afirmó que “no es lo mismo distinguir que discriminar”. “Es lógico que se le pregunte a los padres qué religión quieren que se les enseñe a sus hijos. La pregunta es razonable”.

El bautista Gustavo Grancharoff señaló que ellos sufrieron discriminación. “Entre el 43 y el 55 se separaban a los chicos en las escuelas por su religión. Esos chicos corren el riesgo de terminar aceptando una posición subalterna en su vida adulta”.

Carlos Maino habló en contra de lo que llamó “la vocación totalitaria de quienes niegan el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”. “Presuponen que los padres, los educadores, los constituyentes y legisladores salteños, todos se equivocan. Y que solo ellos pueden elegir mejor”.