La procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó declara en indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini por el pago de comisiones millonarias en la compra del principal edificio del Ministerio Público Fiscal.

Se investiga el pago de una millonaria comisión que terminó en manos de Juan Carlos Thill, medio hermano de Guillermo Bellingi, quien fue designado en 2012 por Gils Carbó como subdirector de la Procuración y estuvo a cargo del manejo de la licitación pública que terminó con la adquisición por $43.850.000 del edificio de la calle Perón 667.

El abogado de Gils Carbó, Alejandro Rúa, presentó un escrito de 110 páginas con la defensa de la Procuradora General de la Nación, pero además la jefa de los fiscales hará una exposición y contestará las preguntas tanto del magistrado como del fiscal Eduardo Taiano.

La funcionaria está acusada por los presuntos delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Su defensa critica la acusación contra su cliente y pide su sobreseimiento.

Pero además la jefa de los fiscales hará una exposición y contestará las preguntas tanto del juez como del fiscal Eduardo Taiano. Para el fiscal se cometieron los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Según Taiano se direccionó la licitación para que Arfinsa fuera el ganador y se recibieron coimas.

En el escrito en el que critica la acusación y pide el sobreseimiento de Gils Carbó se explica:

-Que la licitación no fue direccionada y que no realizó un pacto o acordó nada con nadie.

-Que la compra del edificio era acorde a la necesidad logística de la Procuración.

-Que el precio fue el más conveniente teniendo en cuenta el valor del metro cuadrado.

-Que el Tribunal de Tasaciones había cotizado el inmueble en un precio más alto que el pagado.

-Que la licitación fue convalidada por todas las áreas de la Procuración que intervinieron.

-Que no tuvo nada de irregular la anulación de la licitación previa a la que está bajo investigación.

-Que desconocía el vínculo familiar entre Bellingi y Thill.

El escrito al que accedió Infobae señala: “Se insiste una vez más en que ninguna de las intervenciones de mi asistida importó ningún direccionamiento o simulación de nada, ni tenía base en ningún acuerdo o pacto que hubiera mantenido con nadie, ni en ninguna decisión adoptada previamente respecto de ningún bien, ni el interés en que nadie obtuviera ningún beneficio indebido. Y se descarta también cualquier perjuicio a los intereses de la Procuración, así como que hubiera recibido dádivas”.

Con informaciòn de agenciasTèlam-DyN