Son 4394 personas las que viven en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo señaló el resultado del Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado en mayo por más de 400 colaboradores de distintas organizaciones, quienes recorrieron durante una semana los 46 barrios porteños para censar a los sin techo y desestimar las estadísticas oficiales.

El total de ciudadanos que duermen en calles, autopistas, plazas, estaciones de subtes y trenes de la Capital es cuatro veces más al número oficial que divulgó, días atrás, el gobierno porteño. “La realidad que ven los funcionarios no sólo es distinta a la de todas las organizaciones, sino que es diferente a la de cualquier persona que camina por las calles de la Ciudad. Sólo en un último año, la población en situación de calle creció un 23 por ciento”, explicó a PáginaI12, Horacio Ávila, director de los Centro de Integración Frida y Monteagudo, que alberga a 180 personas. Además, el 70 por ciento de los encuestados aseguró haber sufrido violencia por parte de fuerzas de seguridad (ver aparte). Si se tiene en cuenta las personas que utilizan la red de alojamiento nocturno y las que se encuentran en riesgo de terminar en la calle, la cifra total asciende a 25.872. 

Minutos antes de que se diera comienzo al informe efectuado por más de 50 organizaciones, María se sirve el segundo plato de la olla popular que se cocinó en la puerta del Poder Judicial de la Ciudad. Para el Gobierno de la Ciudad, ella no existe: no tiene techo, tampoco documentos, ni fue contabilizada en último censo oficial realizado por Buenos Aires Presente (BAP), el programa dirigido por el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario porteño, Maximiliano Corach. Tanto ella, como 3328 ciudadanos más que viven en las calles de la Capital, fueron “olvidados” en el último relevamiento estatal que estableció el número de 1066 personas sin techo en la Capital. 

Pero mientras María terminaba de comer, en el primer piso del Poder Judicial porteño, Jorgelina Di Iorio aseguraba que el objeto del censo popular es “darle visibilidad, por primera vez, a las personas en situación de calle. Ellos no sólo son discriminados por no ser contados sino que además nadie tiene en cuenta sus historias, sus inquietudes y deseos”. La semana del 12 de mayo, María fue entrevistada junto a sus dos hijos en las calles de Retiro. En las pecheras no apareció la sigla del BAP sino una violeta con la leyenda “Nadie elige vivir en la calle”. “A los chicos que hicieron el censo los veo una vez por semana. Ellos traen comida y hacen una recorrida”, agregó. 

De acuerdo con el informe llamado “A mí no me lo contaron: visualizar para humanizar”, entre el 8 y el 14 de mayo, 431 censistas realizaron una recorrida por todas y cada una de las calles de la Capital Federal.

En esos días, los encuestadores –cada uno con un circuito asignado y previamente capacitado– localizaron 4394 personas que viven en calles, plazas, autos, hospitales, en cajeros automáticos, debajo de autopistas, estaciones de subte y trenes. El 86 por ciento de ellos fueron adultos mayores de 18 años y el restante 14, niños, niñas y adolescentes. Por temor, por estar durmiendo o bien por no querer participar, no todos los sin techo respondieron las 29 preguntas que contenía la encuesta. Los menores de 18, por caso, sólo completaron datos si tenían un adulto referente con ellos.

Del número total de los encuestados (2170), el 80 por ciento de ellos expresó que duermen todos los días en la calle, mientras que el 20 por ciento restante aseguró alternar entre la calle, la red de alojamientos nocturnos transitorios y otros alojamientos no destinados para vivienda, como espacios tomados, estaciones de servicios y estacionamientos. 

“Yo estoy hace más de tres años parando en Retiro. Se sufre mucho, sobre todo con mi hijo más chiquito, de 6 años. Y lo peor es que cada vez vemos más gente en la misma situación”, aclara María en la esquina de Tacuarí e Hipólito Yrigoyen. Aun sin rigor estadístico, esa perspectiva basada en la propia experiencia de esta mujer de 45 años se sitúa en la misma sintonía que los datos del censo popular. Si bien más de la mitad de los sin techo (el 58 por ciento) sostuvo que su tiempo de estadía en la calle superó los tres años, entre 2016 y 2017, de acuerdo al informe, se agregaron 651 nuevas personas que no tienen un lugar donde dormir. “Una de las causas que explica este crecimiento son las políticas sociales y económicas que lleva este gobierno. Las políticas regresivas de derechos, inflación y el crecimiento del negocio inmobiliario influyeron en este cambio demográfico”, explicó a este diario Di Iorio, integrante de la asamblea popular Plaza Dorrego-San Telmo e investigadora de Conicet. 

Si las cifras, en frío, ocultan la subjetividad de las personas en situación de calle, las estadísticas erróneas, aún más. El último informe del BAP –programa dirigido por el hijo del ministro del Interior de Carlos Menem– fue realizado, de acuerdo con lo narrado por una integrante del BAP, en menos de tres horas y arrojó el mencionado número de 1066. Si se tiene en cuenta el censo oficial de 2016, se reconoce un aumento de la población en situación de calle, pero con números dispares: 200 personas según el censo del BAP, 451 personas menos que en el censo popular. “Minimizar los números es reducir el énfasis en políticas públicas”, explicó Ávila y agregó que “el gobierno abrió el paraguas porque sabía que iba a llover, pero los números son ridículos e insignificantes”. 

Salvo que la policía se lo impida, María duerme todas las noches junto a sus dos hijos en la plaza frente a la Estación Retiro. Ese barrio es uno de los más elegidos por las personas en situación de calle. El primero es San Telmo, con 472 personas, luego siguen Villa Soldati, Palermo, Balvanera y el mencionado Retiro. Los últimos en la lista son Villa General Mitre, Santa Rita y Urquiza, todas con sólo un individuo sin techo. Ante la pregunta de por qué eligió Retiro y no otro barrio, María no dudó: “Es de los lugares que más me sentí segura. La policía no nos jode tanto y nos conocemos todos ahí”, respondió. 

El Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, explicó a este diario que “para todos los organizadores del censo popular que una persona viva en la calle es un signo de vulnerabilidad social. El simple hecho de estar en esta situación es suficiente para que uno merezca que se le reconozca el derecho a la vivienda por parte del Estado”. Una vez recolectado los datos del censo, los resultados cuanti y cualitativos permitirán, según Corti, “por un lado promover políticas públicas que generen un cambio estructural” y a su vez, “romper con ciertos prejuicios de la sociedad”. En ese sentido, la creencia de algunos sectores y medios de comunicación que aseguran que las personas duermen en las calles porteñas son de otras provincias o de países limítrofes se rompe por completo: sólo un doce por ciento de los entrevistados nació fuera de los límites del territorio nacional, el 26 de ellos son oriundos del interior y el 62 por ciento restante nunca se fue del área metropolitana. 

Por su parte, el 93 por ciento de las personas adultas entrevistadas alcanzó algún nivel de instrucción. El 54 por ciento de ellos tiene completo el nivel primario, el 15 por ciento también el secundario e incluso, un dos por ciento nivel superior completo. Sólo 177 personas son analfabetas. Y en el caso de los menores, sólo un 27 por ciento de ellos no asiste diariamente a una institución escolar. “Es de destacar la alta concurrencia a la escuela, a pesar de las enormes dificultades que acarrea para niñas/os y adolescentes en situación de calle sostener la escolaridad”, resalta el informe. 

Además, el cuestionario permitió profundizar la problemática de género. Sólo el 24 por ciento de las personas que respondieron el cuestionario eran mujeres, mientras que el 74 por ciento fueron varones y sólo 17 eran personas trans. “Las mujeres se registran alguna estrategias de supervivencia que retrasan la llegada a la calle –trabajos en casas de familias, ayuda por parte de familiares, entre otros– para los varones el estereotipo de proveedor impacta negativamente en la recepción y la aceptación de ayuda. Pero, de acuerdo a las cifras, el colectivo trans es aquel con mayores problemas cuando se encuentra en situaciones de calle. “No sólo por ser de las más vulneradas en todos los aspectos y de las más olvidadas para las políticas públicas, también porque las mayoría de las mujeres trans se ven obligadas a estar en situación de prostitución y no poder acceder a un trabajo formal, sino porque están expuestas al permanente movimiento y cambio de lugar de asentamiento”, agrega el informe. En ninguno de los paradores que ofrece el gobierno porteño hay un espacio destinado específicamente para aquel género. 

Pero, ¿de qué se habla cuando se habla de una persona en situación de calle? Hace siete años, la Legislatura porteña sancionó una ley (la 3076) que estipula aquella definición “a todos los hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno”. Es decir, que por ley, la población que utiliza la red de alojamiento transitorio nocturno, ya sean paradores o instituciones sociales, también se consideran como personas en situación de calle. En ese sentido, la cifra asciende a 5872. Ahora bien, si se cuentan los beneficiarios de subsidios habitacionales, adultos internados en centros de salud mental, adultos próximos a finalizar su condena y otras poblaciones en peligro real de situación de calle, el número alcanza las 25.872 personas. 

El 20 de julio de 2017 , en la encuesta del Primer Censo Popular para Personas en Situación de Calle se formuló una pregunta que especificaba acerca si al vivir en la calle, el encuestado sufrió algún tipo de discriminación, amenaza, violencia física o abuso sexual por parte de las fuerzas de seguridad o de otras personas. El resultado no sorprende, pero asusta: el 70 por ciento de los que contestaron el censo relató haber sido víctima de una o varias formas de violencia institucional. 

Matías escucha la conferencia que dan las más de 50 organizaciones sociales que realizaron el censo popular por los parlantes situados en la puerta del Poder Judicial porteño. En el primero piso, frente a un auditorio completo, Christian Gruenberg, responsable del Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Ciudad, explica que la población en situación de calle, pese a ser invisibilizada, es, a la vez, las más sobrevigilada por parte de las fuerzas de seguridad. “Lo peor que tiene la calle es la Policía. Hay veces que vos estás acostado y ellos te empiezan a patear porque sí, porque se les cantó”, explicó este joven, de 25 años, quien pasó gran parte de su vida durmiendo en las calles porteñas. Pero los casos de represión policial se multiplican: un censista le contó a este diario que al momento de la recorrida por Barracas entrevistaron a un joven que recién volvía de un hospital con varios golpes, al parecer propiciados por uniformados de la Ciudad. Cuando le preguntaron si había realizado la denuncia, su respuesta fue inmediata. “Para qué voy a ir a la comisaría si cuando vuelvo lo primero que me van a hacer es pegarme de nuevo”, contestó. 

De acuerdo al informe, la principal fuente de violencia es de las fuerzas de seguridad. Y el color del uniforme es lo de menos. “A mí me fajaron desde la Federal hasta la Metropolitana”, narró Matías, quien dejó de vivir en situación de calle cuando se fue a dormir a la casa de un hermano en el conurbano bonaerense hace seis meses. “Por creer que la problemática habitacional genera una situación de inseguridad se dispone una sobrevigilancia en los espacios públicos donde vive la gente de la calle. Eso sólo se traduce en represión y abuso policial. La tasa es altísima”, completó Gruenberg. Cuando PáginaI12 realizó la recorrida del censo por el barrio de Constitución, la mayoría de encuestados mencionó casos de violencia policial. Un pequeño grupo, en cambio, pidió sortear esa pregunta, sin dar explicaciones. 

Por su parte, el censo popular agregó que la segunda fuente de violencia le corresponde a los funcionarios públicos de instituciones y programas estatales. Según los encuestados, el personal de los hospitales y de los servicios sociales, son, habitualmente, discriminadores. 

Pero la sociedad civil tampoco está ajena a la reproducción del estereotipo que condiciona a las personas en situación de calle como gente violenta. “Por ahí te miran mal cuando entrás a un restaurant a pedir un poco de comida o pasan por la calle y cruzan de cuadra. Lo peor es que seguro no se dan cuenta”, agregó Matías. “El relato de las personas censadas demuestra que la vida en la calle es esencialmente peligrosa. La criminalización de las personas en situación de calle sigue siendo la principal respuesta del Estado y la sociedad”, indicó el informe. 

Informe: Jeremías Batagelj