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JUSTICIA

26 de septiembre de 2017

Investigan tráfico de armas de Argentina a Chile por parte de un grupo de mapuches

Hay conversaciones de WhatsApp y Telegram en las que se discute qué armas se cruzarán a Chile. Los mensajes revelan un arsenal

La Fiscalía de Chile investiga el presunto comercio ilegal de armas desde Argentina por un grupo de mapuches que se encuentra en prisión preventiva desde el fin de semana, informaron hoy fuentes judiciales.

El Ministerio Público informó este martes que existen conversaciones de WhatsApp y Telegram entre líderes mapuches en las que se señala qué tipo de armas podrían ser llevadas desde Argentina

Estos mensajes, que habrían sido registrados el 4 de agosto, inculparían a Héctor Llaitul, portavoz de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización mapuche radical, y al dirigente Jorge Huenchullán. 

La Fiscalía aseguró que se trata de seis escopetas, diez revólveres, doce pistolas, dos fusiles, alrededor de 250 cartuchos de escopeta, 550 balas calibre 38 milímetros y 84 balas calibre 9 milímetros, que llegarían a Chile "antes del 15" del mes pasado.

Además se habla de doce millones de pesos (unos 18.984 dólares) que Llaitul habría recibido como pago por una charla que ofreció en una universidad, los cuales "serían utilizados para estos delitos", sostuvo la vocera de la Fiscalía de la región sureña de La Araucanía, Nelly Marabolí. 

El defensor de los ocho comuneros detenidos por la presunta quema de iglesias y camiones en esa zona, descartó la versión de la parte querellante, a la vez que negó haber sido informado sobre el origen de estos diálogos. 

"No lo reconocemos nosotros, nuestros defendidos tampoco. Lo cierto es que se han presentado antecedentes obtenidos de algunos celulares y ni siquiera se nos señala de qué número es", declaró el abogado Humberto Serri. 

La denominada "Operación Huracán" dejó el fin de semana ocho mapuches arrestados, entre ellos Llaitul. Huenchullán, por su parte, se encuentra prófugo. 

Actualmente, otros cuatro mapuches llevan adelante una huelga de hambre desde hace 111 días, mientras cumplen prisión preventiva como presuntos autores del incendio de una iglesia evangélica, para exigir al Gobierno que no se les juzgue bajo la ley antiterrorista. 

Uno de ellos, Benito Trangol, anunció la noche del lunes que radicalizará su protesta, renunciado a la ingestión de líquidos además de alimentos sólidos. 

En las últimas horas otros cinco comuneros encarcelados en el marco de otros hechos de violencia ocurridos en la zona anunciaron que se pliegan a la huelga de hambre. 

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La reclamación de terrenos del pueblo mapuche al Estado chileno ha derivado en un conflicto que se extiende hace décadas en La Araucanía y alrededores, que ha significado la muerte y el uso de la violencia en contra de varios comuneros, mujeres, niños y ancianos. 

Se suma la muerte de policías y agricultores en enfrentamientos, además de una cantidad de ataques incendiarios a propiedades, bosques, vehículos e iglesias, con decenas de indígenas procesados y condenados por esos hechos, a veces bajo pruebas "insuficientes", según reclaman organizaciones de derechos humanos. 



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