La intención del Ministerio de Transporte de bajar los costos en todas las operaciones portuarias encontró un escollo difícil de sortear. El equipo del ministro Guillermo Dietrich se propuso este año reducir las tarifas de practicaje, el costo de los remolcadores y, en tercer lugar, el peaje de la Hidrovía, la autopista naval que circula por el Río Paraná desde Santa Fe hasta su desembocadura y que concentra el movimiento agroexportador argentino. Cumplidos los primeros objetivos comenzaron a avanzar con el tercero, pero se encontró con un contrato de concesión por el dragado y balizamiento en manos de la empresa Emepa con fecha de finalización en 2021.

Cumplidos los primeros objetivos comenzaron a avanzar con el tercero, pero se encontró con un contrato de concesión por el dragado y balizamiento en manos de la empresa Emepa con fecha de finalización en 2021.

Desde el Ministerio de Transporte primero hicieron trascender que iban a empujar una relicitación pero, al parecer, la escasez de incumplimientos de Emepa y la deuda de algo más de u$s 100 millones que tiene el Gobierno con la concesionaria lo haría muy difícil.

Desde la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte reconocen que existe esa "imposibilidad" de rescindir el contrato y apunta a discutir la tarifa.

"El precio del peaje que pagan todos los buques de carga que transitan por la Hidrovía lo fija Emepa. Hoy el peaje esta en u$s 3,06 la tonelada y nosotros queremos que sea de u$s 2,25, lo que reduciría los costos logísticos. Es difícil, pero es una lucha que estamos dando", explicó El Cronista una fuente del Ministerio.

Con estos números, la idea del Gobierno es bajar, en línea con los otros servicios, un 26% el valor del los peajes.

Aunque ya dan como un hecho la imposibilidad de rescindir el contrato de concesión, el propio subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz, le dijo al sitio rosarino Punto Biz que "tiene que haber una nueva licitación que arranque en 2021 y que por eso debe empezar a discutirse ahora sus términos".

En la empresa se preparan para resistir el embate oficial y empiezan a mostrar argumentos. Primero, aseguran que "hasta ahora sólo son presiones mediáticas, no nos han dicho nada formalmente. Tenemos todo en regla, no tenemos incumplimientos y no hemos recibido ningún tipo de notificación oficial", agregan.

Respecto a la posibilidad de discutir la tarifa y que es Emepa quien la fija, desde la empresa concesionaria se mostraron molestos. "Es un disparate, la tarifa se fija por contrato y ahí está establecida ecuación económica que tiene que ver con la Tasa Interna de Retorno (TIR) y tendría que estar más cara de lo que hoy está", recuerdan.

La discusión parece estar trabada y podría perjudicar la operatoria del canal que concentra el complejo portuario agroexportador más importante de la región y por la que se movilizan 18 millones de toneladas al año.

La empresa asegura que en la discusión que plantea el Gobierno se comete el error de pensar que la reducción del peaje repercute en una mejora para los exportadores locales. "Si bajas el peaje, el único que paga menos es el armador extranjero, algo que no necesariamente se traslada al precio local y, además, significa que entran menos divisas al país".

Y como para no quedar en una posición "no colaborativa", en Emepa afirman que la mejor reducción de costos es "aumentar el calado (profundidad). El mayor calado permite a los barcos cargar más y ahorrar en flete Cuando estábamos en 32 pies los buques cargaban 43.000 tn, con 34 pies pasaron a 46.600 y el costo de chartearlo es igual".

Emepa asegura que no hay razones para sufrir ningún cambio, pero en el Gobierno fueron claros: "es una lucha que vamos a dar".