Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que se realice el embargo preventivo por $ 10.000 millones sobre los bienes registrados a nombre de Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner (entre otros ex funcionarios) y Lázaro Báez en el marco de la causa que investiga el direccionamiento en la obra pública.

También los fiscales pidieron la apertura de cajas de seguridad franjadas, de los procesados y "el inventario y secuestro de su contenido y el inmediato embargo" de los bienes de valor que haya en su interior. Entre las medidas patrimoniales, requirieron una tasación de bienes. Así buscan hacer efectivo el embargo ordenado en diciembre de 2016 y que confirmó la Cámara Federal porteña hace pocas semanas.

José López y Julio De Vido, los principales funcionarios de la obra pública K. Foto Archivo.

Fueron los funcionarios vinculados a la obra pública más importante del kirchnerismo. Están acusados de integrar una "asociación ilícita" que entre 2004-2015, se dedicaron a "cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial en Santa Cruz". Los contratos tenían un único destinatario: Lázaro Báez. La "jefa" de esta asociación, para la justicia, fue Cristina Kirchner.

En el marco de esta causa y con el objetivo de evitar que sobre los activos que deben ser alcanzados por los embargos, "se produzca un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial", los fiscales pidieron que se disponga el secuestro y depósito judicial "de los bienes muebles registrables.

Los fiscales adjuntaron un listado de bienes registrables de todos los procesados. En el caso de Cristina Kirchner detallaron los 26 inmuebles que cedió a sus hijos Máximo y Florencia. El empresario K en el listado anexado, incluye 81 propiedades, cuatro vehículos y participaciones accionarias en tres firmas.

Cristina Kirchner y Julio De Vido, procesados por asociación ilícita. Foto Archivo.

En cuanto a Julio De Vido, una propiedad y dos vehículos. El detalle respecto a José López, incluye siete inmuebles, una embarcación y un auto. Carlos Kirchner tiene ocho propiedades, una embarcación, siete automóviles.

Las medidas patrimoniales buscan hacer efectivo embargo que se trabó en la causa, por 10.000 millones de pesos sobre cada uno de los procesados, Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner (entre los principales ex funcionarios) y Lázaro Báez.

Además de estos pedidos, los fiscales pidieron que para hacer un avance más efectivo del patrimonio de los investigados pidieron por primera vez la apertura de las cajas de seguridad franjadas de todos los procesados, como también un inventario y secuestro de su contenido.

En caso de que haya en las cajas de seguridad bienes de "valor pecuniario", Pollicita y Mahiques solicitaron un embargo inmediato. Será la primera vez que una medida de estas características se implemente sobre De Vido y José López, ya que a la familia Kirchner le abrieron las cajas de seguridad del Banco Galicia el año pasado y ordenaron el embargo de 5 millones de dólares.

Lázaro Báez, embargo en 10.000 millones de pesos sólo en obra pública.

La justicia busca resguardar los activos de cualquier posible deterioro que "conspire contra la garantía patrimonial" y por ello, se pidió el secuestro y depósito judicial de inmuebles. Esta medida alcanza a los depósitos en el Banco Nación como también los plazos fijos de renovación automática, en referencia al patrimonio de Cristina Kirchner y sus ex funcionarios. 

Hay un particular énfasis en le patrimonio de la ex Presidenta. Pollicita, inició una investigación sobre los bienes de Cristina ante la sospecha de "un posible enriquecimiento ilícito, u omisión maliciosa".

Para cuantificar con precisión el valor de los bienes alcanzados por las medidas judiciales, se pidió que se avance en una "tasación de los bienes que serán embargados" tanto de la ex Mandataria como sus ex funcionarios vinculados a la obra pública y también, sobre los bienes de Báez. En otra causa, el patrimonio del empresario K fue contabilizado en 2.748 millones de pesos.

Estas medidas que buscan hacer efectivo el embargo ordenado en la causa que investiga la corrupción en la obra pública, y pensando un escenario futuro de un posible decomiso, incluyen a varias empresas de Lázaro Báez. Sobre las mismas, los fiscales pidieron una inhibición general de bienes y prohibición de innovar sobre: Austral Construcciones, Adelmo Biancalani, Kank y Costilla, Loscalzos y Del Curto, Gotti SA.

Bajo este mismo lineamiento, se pidió que se mantenga la inhibición general de bienes sobre Cristina Kirchner y los demás procesados en la causa, "hasta tanto se considere satisfecho el monto del embargo y que aquellos sean convocados personalmente para que informen sobre los bienes que pueden afectarse al embargo".

Con informaciòn de Télam, DYN