La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quedó ayer procesada por fraude al Estado, debido a supuestas irregularidades cometidas en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación en el microcentro de la Capital Federal.

El juez federal Julián Ercolini procesó a la Procuradora General por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos, junto a otros cuatro imputados que participaron de la operación, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, es la primera vez que un Procurador General de la Nación queda procesado en la Justicia.

Gils Carbó adhirió al kirchnerismo y su accionar la convirtió en blanco del gobierno de Mauricio Macri, que desde que asumió pretende removerla del cargo.

Apenas había sido convocada a indagatoria, la funcionaria salió a dar entrevistas rechazando las sospechas en su contra y minimizando su rol de imputada, al subrayar que el propio Macri asumió la jefatura del Ejecutivo procesado en la causa de las escuchas ilegales, en la que luego, apenas fue ungido jefe de Estado, quedó sobreseído por el juez Sebastián Casanello.

En julio pasado, cuando se ordenó la indagatoria de la funcionaria, Macri advirtió que Gils Carbó “no tiene autoridad moral” para seguir en el cargo: “Espero que en algún momento la Procuradora se dé cuenta y, si no, que el Congreso saque un informe de la Bicameral y avancemos en un proceso para poder tener un Procurador que esté a la altura de las circunstancias”.

Hay otra causa avalada por el Gobierno en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, donde debe definirse si el jefe de los fiscales puede ser removido sin juicio político.

El 31 de agosto Gils Carbó fue indagada en la causa que analiza las abultadas comisiones que se pagaron por la compra del edificio de la calle Perón 667, donde hoy se erige la Procuración.

Allí está probado que el funcionario clave que se encargó de la licitación, Guillermo Bellingi, resultó medio hermano de Juan Carlos Thill, quien cobró la mitad de una comisión de 7,7 millones de pesos que se le pagaron a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la operación.

Precisamente por eso Bellingi y Thill están imputados junto a Gils Carbó.

Tanto en su indagatoria como ante la prensa, Gils Carbó se despegó de la operación: aseguró que desconocía el vínculo y que no hubo perjuicio para el Estado. Sin embargo, Ercolini sostuvo que “existen pruebas suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad requerido” en esta etapa, que “Alejandra Magdalena Gils Carbó -Procuradora General de la Nación- y Guillermo Alfredo Bellingi -Subdirector General del mismo organismo- violando consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos, previo acuerdo con ejecutivos de Arfinsa Argentina Financiera SA -en particular con Adrián Marcelo González Fischer, en forma directa o a través de intermediarios- idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención dolosa fundamental de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill”.

Según el fallo, “mediante la maniobra, se generó también de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional”.

Ercolini sostuvo que “la cuantiosa prueba reunida en esta causa permite considerar que los actos de ejecución de la maniobra desarrollada, enmarcada en la administración y cuidado de bienes pecuniarios pertenecientes al Estado, habría sido realizada cuanto menos entre el 17 de diciembre de 2012 y el 15 de julio de 2013, mediante distintas acciones ardidosas”.

Ello, añadió, “con la intervención dolosa de diversas personas, con roles diferenciados; con abuso de poder; con aprovechamiento -para dar apariencia de legitimidad al acto general -de los canales administrativos; con la utilización instrumental de funcionarios del organismo ajenos al plan; con personas insertadas con calidad simulada; otras interpuestas para apariencia de empresa o negociación; y valiéndose de otras formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble y los actos de administración que la rodearon”.

Ercolini agregó que “se encuentra acreditado con el grado de probabilidad ya mencionado que, en el marco de la maniobra descripta precedentemente, Alejandra Magdalena Gils Carbó y Guillermo Alfredo Bellingi, en su condición de funcionarios públicos, con la intervención dolosa de Adrián Marcelo González Fischer, Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill, se interesaron directamente, aprovechándose asimismo de personas interpuestas y también mediante la simulación deliberada de una licitación pública, en la compraventa del edificio con miras a la obtención de beneficios personales”.

El juez procesó a Gils Carbó como “coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública” y la embargó por 7 millones de pesos.

También a Bellingi por el mismo delito y embargo, mientras consideró partícipes necesarios a Fisher, Thill y Jaureguiberry y los embargó a cada uno por 5 millones de pesos.

Dispuso además la falta de mérito para los otros imputados: Blás Zurita, Osvaldo Leguizamón, Ignacio Costa Urquiza, Pedro Donato Viceconte y Roberto Daniel Martino. 

Un “delito imaginario”, según su abogado

El abogado León Arslanian, defensor de Gils Carbó, afirmó que a su clienta se la acusa de un “delito imaginario”, advirtió que le produce “estupor” la decisión del juez de procesarla y remarcó que “genera suspicacias” que se haya adoptado esa medida poco antes de las elecciones legislativas.

Arslanian, que asumió la defensa la semana pasada, aseguró que “se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno”.

Por su parte, la diputada nacional de la CC-ARI y socia de Cambiemos Elisa Carrió aseguró que desde el oficialismo pudieron “correr de su cargo a una dirigente política”, en referencia a la Procuradora, “puesta para garantizar la impunidad de quienes saquearon la Nación”.

“Gils Carbó utilizó su lugar en la Justicia para hacer negocios y garantizar que los más corruptos de la Argentina pudieran seguir en libertad”, aseveró.

En su momento, Carrió se opuso a la remoción por decreto y promovió, en cambio, el juicio político contra la Procuradora.