La Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó hoy al juez federal Luis Rodríguez pedir el desafuero "inmediato" y ordenar la detención del diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido en la causa que investiga un fraude de más de $ 260 millones relacionado con obras inconclusas en la mina de carbón de Río Turbio.

Los jueces de Cámara Eduardo Farah, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la Sala II, ordenaron al magistrado Rodríguez "proceder a la inmediata formalización del pedido de desafuero [de De Vido] ante la Cámara de Diputados de la Nación" para que el otrora poderoso ministro De Vido afronte detenido su declaración indagatoria, prevista para el 28 de noviembre.

La jurisprudencia establece la libertad de los acusados durante el proceso excepto que exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Los camaristas creen que el actual diputado en libertad podría afectar "el proceso en curso".

"Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación", sostuvo el camarista Irurzun.

El camarista Farah pidió, además, una caución real "de suficiente entidad" y "cuyo monto debe ser establecido de acuerdo" al artículo 324 del Código Procesal Penal de la Nación.

El camarista Bruglia consideró que "se encuentran reunidos los requisitos necesarios" que le permiten "presumir" que en caso de mantenerse la libertad del imputado, "este podría provocar la frustración del accionar de la justicia".

El ex ministro de Planificación Federal había sido denunciado por el fiscal Carlos Stornelli por un fraude contra el Estado de más de $ 260 millones. El monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas $ 26.000 millones destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón). El tren no funciona. La mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo en 2015 lo mismo que en 1951: 48.000 toneladas anuales.

En julio pasado, Stornelli había pedido la detención de De Vido y de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación. Según el fiscal, ambos fueron responsables de la "maniobra defraudatoria" porque el complejo minero "tiene un 70% menos de las galerías que lo proyectado" y "produce un 85% menos que lo establecido", pero no obstante "posee un 233% más de personal".

Tras el pedido del fiscal, el oficialismo en el Congreso trató de expulsar a De Vido por inhabilidad moral, pero no reunió los votos necesarios. El juez Luis Rodríguez, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 9, se negó a detener a De Vido y a otras 24 personas, y en cambio decidió indagarlo el 28 de noviembre, prohibirle salir del país y obligarlo a entregar su pasaporte. La misma medida dispuso sobre el ex subsecretario Baratta, que será indagado el 23 de noviembre.