El gobierno español de Mariano Rajoy tendió ayer un puente al presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, al sugerir que renunciará a suspender la autonomía si convoca a elecciones regionales.

Una fuente del gobierno español confirmó que no invocarían el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de un gobierno autonómico si este desobedece la ley, si Puigdemont toma ese paso.

“La única vía que tiene el señor Puigdemont es restaurar la legalidad vigente y, desde el punto de vista político, adelantar las elecciones”, dijo por su parte el líder del primer partido de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, que está en contacto permanente con Rajoy para pactar la respuesta a la iniciativa independentista catalán.

Cuando le preguntaron si la convocatoria de elecciones acabaría con la posibilidad del 155, Sánchez respondió: “Sin duda”.

El día D

Hoy a las 10 de la mañana hora local vence el plazo definitivo para que Puigdemont aclare al gobierno de Rajoy si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán. En un primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo.

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, le lanzó un aviso ayer en el Congreso: no atender el requerimiento del gobierno español, “hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo 155” de la Constitución.
“Actúe con sensatez”, le pidió Rajoy.

Pero Marta Pascal, la coordinadora del partido de Puigdemont, el PDCat (conservador e independentista), aseguró a periodistas que si se activa el 155 “le pediremos al presidente que levante la suspensión” de la declaración de independencia, poniendo presión sobre el jefe del Ejecutivo catalán.
Que la proclame inmediatamente le exigen sus aliados de la CUP -la extrema izquierda independentista.

Los diez diputados de esta formación son esenciales para la supervivencia del gobierno catalán.

El clima se mantenía tenso desde que lunes fueran encarcelados a la espera de un eventual juicio por sedición dos líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, una decisión judicial que fue contestada con movilizaciones en toda Cataluña el martes.

El responsable de Relaciones Exteriores del gobierno catalán, Raúl Romeva, dijo en Bruselas que la opción de adelantar elecciones “no está sobre la mesa”.

Sin embargo, una fuente  del gobierno catalán dijo que la convocatoria “no está en nuestras prioridades, pero no vamos a tomar una decisión” en un sentido u otro, hasta conocer los pasos que da el gobierno español hoy. 

El gobierno de Madrid podría solicitar la aplicación del artículo 155 al Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta, pero donde harían falta varios días para tramitarla y votarla. 

Ni la vicepresidenta ni Rajoy aclararon qué medidas concretas significará el uso de ese artículo de la Constitución de 1978 que nunca hubo que usar a fondo, pero los partidos de la oposición que apoyan la medida, el Partido Socialista y Ciudadanos, quieren desemboque en la convocatoria de elecciones regionales.

España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.

Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis. 

Amnistía pide la libertad de detenidos

Madrid. Amnistía Internacional llamó ayer a excarcelar “de inmediato” a los dos líderes independentistas catalanes enviados a prisión provisional a la espera de juicio en España, al considerar que los cargos de sedición contra ellos son “excesivos”.

“Pedimos a las autoridades que retiren los cargos de sedición presentados contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y que pongan fin de inmediato a su prisión provisional”, instó en un comunicado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Cuixart y Sánchez, dirigentes de las dos principales organizaciones independentistas catalanas, fueron enviados el lunes a prisión provisional imputados por sedición por liderar una multitudinaria concentración en Barcelona el 20 de setiembre que impidió durante horas la salida de policías que registraban un edificio del Gobierno catalán.

EFE-AFP