El trámite en el Senado puede concluir el viernes 27 o la siguiente semana. Las elecciones se calculan para enero, según el acuerdo avanzado por el PSOE

Puigdemont, pues, no daba marcha atrás en sus planes, así que el Ejecutivo, con el apoyo sólido de Ciudadanos y del PSOE —ayer, la respuesta del líder del Govern llegó a La Moncloa mientras estaban reunidos la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y su mano derecha, José Luis Ayllón, junto con la enviada de Sánchez, Carmen Calvo—, decidió seguir adelante. Echar mano de la herramienta que la Constitución le proporciona para sofocar la 'rebelión' de una comunidad.

El esquema de medidas será aprobado este sábado por el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria. Y en él la pieza clave es la celebración de elecciones autonómicas. José Luis Ábalos, secretario de Organización de los socialistas, subrayaba que su partido las quería "lo antes posible", aunque no concretó fecha. Fuentes del PSOE conocedoras de las conversaciones aseguraban que el "acuerdo" es que los comicios tengan lugar en apenas tres meses, "en enero" o, como tarde, principios de febrero de 2018. Es decir, una vez pasado el parón navideño. Si se quiere que la campaña comience después de Reyes, la primera fecha disponible es el domingo 28 de enero. Esto, elecciones en enero, es lo que confirmó Calvo esta misma mañana en TVE.

Está programada la tramitación en el Senado, que culminará en principio a finales de octubre, prevista la sustitución de Carles Puigdemont y posiblemente de todo su Govern por un equipo de técnicos que tenga una figura —un 'ministro para Cataluña'— al frente, y avanzado el compromiso de que ese Ejecutivo interino sea controlado parlamentariamente por la Cámara Alta, la misma que dará la autorización definitiva a Rajoy para tomar el control de la comunidad y restablecer la "normalidad" institucional, devolver a Cataluña a la legalidad y que "recupere su autogobierno". El hito final serán unos nuevos comicios, que el PSOE ha asegurado haber acordado con el PP celebrar en tres meses, en enero de 2018. Plazo que La Moncloa matiza.

Una negociación conducida con mucho sigilo

Será el sábado cuando se conozcan todos los extremos del plan acordado por Gobierno y PSOE. Ocurrirá tras el Consejo de Ministros que apruebe el documento que se elevará de inmediato al Senado. Pero ese texto lleva muchas horas de negociación detrás de las que han tenido conocimiento directo muy pocas personas. 

De la parte del Ejecutivo, han conducido las conversaciones Mariano Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, ayudada esta por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. También participó en las primeras charlas el asesor de confianza del presidente, Pedro Arriola. 

Pedro Sánchez, por su parte, hizo descansar la concreción técnica en un reducido grupo capitaneado por la responsable de Igualdad de la ejecutiva federal, la constitucionalista y exministra Carmen Calvo, en quien el secretario general confía plenamente para materias jurídicas delicadas. Junto a ella, el diputado José Enrique Serrano, experto conocedor del engranaje del Estado por su condición de director de Gabinete de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y Meritxell Batet, jefa de los parlamentarios del PSC en Madrid. Además, la vicepresidenta tenía y tiene interlocución directa con el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y el responsable de Política Federal del PSOE, el exlendakari Patxi López. 

En las primeras reuniones, según relataban fuentes socialistas, las dos partes determinaron el instrumento a utilizar en caso de que Carles Puigdemont no diera marcha atrás —el PSOE quería el 155, y no la Ley de Seguridad Nacional o el artículo 116 de la Carta Magna, el que regula los estados de alarma, excepción y sitio, porque priva de derechos individuales a los ciudadanos—, y deliberaron acerca de cómo hacer cumplir la hoja de ruta, por doloroso que fuera. Y luego llegó la fase de dar contenido al 155. 

En la parte final de la negociación, el diálogo quedó reducido a Rajoy y Sánchez, por un lado, y a Ayllón y Calvo, por otro, para las cuestiones más técnicas. Este jueves, cuando aterrizó en La Moncloa la segunda carta del 'president', poco antes de que venciera el segundo plazo dado por el Gobierno, se hallaban reunidas Santamaría y Calvo, cita a la que se sumó Ayllón. 

En la concreción del 155 han trabajado Gobierno y PSOE, pero no Ciudadanos, que sin embargo sí prestará apoyo a la decisión que salga del Consejo de Ministros del sábado. En el Senado, su peso es irrelevante: el PP tiene mayoría absoluta en el pleno de la Cámara (cuenta con 149 parlamentarios de un total de 266), el PSOE le aporta 62 síes más y Cs solo dispone de tres escaños.

El sí al 155 tendrá que pasar por el refrendo de los órganos de dirección socialistas. El núcleo duro de Sánchez baraja convocar el consejo político federal -el foro que reúne al líder con sus barones territoriales- la semana próxima, y más adelante, para cuando hayan concluido todos los congresos regionales (y eso sucederá el 5 de noviembre, con el de Aragón), el comité federal. La decisión se adoptará en las próximas horas. Por lo pronto, el lunes hay ejecutiva federal.