El Gobierno tomó distancia rápido del fallo de un juez en lo Contencioso Administrativo que avaló la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin necesidad de un juicio político, lo que había disparado especulaciones respecto a la posibilidad de que Mauricio Macri decidiera removerla a través un decreto.

"Por decreto no, sino que intentaremos reformar la ley, esperemos que la oposición nos acompañe", dijo a Clarín el ministro de Justicia Germán Garavano ante la consulta de si la decisión del juez Pablo Cayssials planteaba un nuevo escenario para el Gobierno respecto a la situación de Gils Carbó. Cerca del jefe de Gabinete Marcos Peña también descartaron la posibilidad.

"Es un fallo judicial que estudiaremos con atención, que en definitiva ratifica lo que ya hemos señalado cuando hemos enviado un proyecto de ley al Congreso, que la forMa de remoción del procurador no está prevista constitucionalmente y, por ende, es inconstitucional. Y en esta línea lo que impulsaremos como lo marcamos desde el primer día de la gestión es reformar la ley del Ministerio Público Fiscal", argumentó el ministro, que descartó que se analice remover por decreto a Gils Carbó.

La funcionaria fue procesada días atrás por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio para la Procuración por el que se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones millonarias, cercanas a los $10 millones.

Según supo Clarín, tras las elecciones y el recambio legislativo, el Gobierno acelerará la aprobación del proyecto de reforma de la ley, que establece un mandato de 5 años para el procurador, con renovación a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional.

¿De qué se trata la resolución de hoy del juez Pablo Cayssials?En su escrito, el magistrado considera "inconstitucional" el artículo 76 de la Ley 27.148 del Ministerio Público Fiscal, que equipara al cargo de procurador con el de los miembros de la Corte Suprema de Justicia al establecer que "sólo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional". En esos artículos, la Carta Magna indica que será la Cámara de Diputados quien "ejerce el derecho de acusar al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos" y que al Senado le corresponde "juzgar".

Pero no incluye expresamente al procurador, argumento que habían planteado algunas espadas judiciales del macrismo para alentar la remoción por decreto de Gils Carbó.

Garavano siempre se opuso a esta estrategia. Y recibió el apoyo de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien meses atrás instó a "cambiar la ley o sacarla por juicio político”. "Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes", insistió.

Por eso, y aunque la remoción de Gils Carbó sea una de sus grandes obsesiones, Macri no avanzará con la firma de un DNU para remover a la procuradora. Más cuando todavía figura en su cuenta de errores "no forzados" el duro traspié político que sufrió por haber designado "en comisión" por decreto a los jueces de la Corte Suprema, una jugada trazada por su asesor Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, uno de sus cerebros judiciales.